No se trata de “vicios heredados de pasados gobiernos”, son delitos por los que funcionarios de gobiernos anteriores terminaron en la cárcel.
Arturo Bermúez Zurita, quien fuera titular de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte, fue acusado de operar un comando especial que se dedicaba a “levantar”, torturar y desaparecer a personas.
El principal argumento para iniciarle una carpeta de investigación (lo mismo que al propio Javier Duarte) es que había testimonios que indicaban que siguiendo la cadena de mando, les informaban a detalle del fin que tenía cada uno de los ahora desaparecidos.
Los servidores públicos de la actual administración estatal, desde Alan Ciprián Canseco, Director Operativo, así como los comandantes de Veracruz y Boca del Río, están señalados de cometer justamente esos delitos y son mandos policiacos que llegaron con Hugo Gutiérrez Maldonado.
¿Bajo qué lógica se presume que Bermúdez y Duarte sabían de los actos ilícitos de elementos de Seguridad Pública, y no se sospecha lo mismo con Hugo Gutiérrez y Cuitláhuac García?
Hay una sola explicación: a Bermúdez y a Duarte los acusaron de desaparición forzada, una vez que ambos dejaron sus cargos. Lo hizo Miguel Ángel Yunes Linares. En esa lógica, habría que esperar a que este gobierno estatal concluyera, y que el sucesor obedeciera a distintos intereses políticos que el actual, para que se iniciaran esos procesos judiciales.
No perdamos de vista que el gobernador negó la desaparición de una joven en Cardel (dijo que estaba “resguardada”) y días más tarde apareció su cuerpo desmembrado, lo que implica al mandatario estatal en el delito de desaparición forzada.
A principios de 2019, cuando todavía no lo expulsaban de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz hablaba públicamente de presuntos acuerdos entre el gobierno de Cuitláhuac García y Javier Duarte:
“Es notorio que con el cambio de gobierno también llegó un cambio de criterio. A partir del primero de diciembre se han abierto las puertas del penal de Pancho Viejo a los duartistas, argumentando que los probables responsables de desaparición forzada de personas y saqueo enorme a Veracruz tienen derecho a seguir su proceso en libertad (…) El Gobernador Cuitláhuac García pretendió ayer justificar el cambio de medida cautelar de Arturo N (Bermúdez) diciendo que la desaparición forzada no es un delito grave”, decía en aquel entonces el exfiscal, hoy preso en Almoloya de Juárez.
Este lunes el gobernador Cuitláhuac García, en su papel de vocero de la “autónoma” Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que los restos humanos encontrados el 17 de octubre en la autopista Veracruz-Cardel, y que –según los peritos- habían sido trasladados desde su entierro original hasta ese sitio, correspondían al excomandante de la Policía Vial (SSP), Juan Alan Cuetero Meza, alias “Archie”.
El gobernador insistió en que la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado de la Secretaría de Seguridad Pública, no está vinculada a este caso y por lo tanto –en su papel de “fiscal plenipotenciario”- descartó que exista una investigación en contra del policía neoleonés.
“No tienen nada que ver la renuncia con estos hechos que la Fiscalía está investigando. Al contrario, Hugo (Gutiérrez) siempre manifestó la disponibilidad con la Fiscalía de que realice las investigaciones pertinentes en esa libertad”.
Tendríamos que creerle: Él insiste en que no es como “los de antes”.
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Epílogo.
Es muy sospechosa la desaparición de Francisco Fernández Morales, alias “El Potro”, líder de la organización ciudadana “La Leyenda de Chucho El Roto”, el más fuerte movimiento de resistencia contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). *** Este día el gobernador prometió, a nombre de la FGE, que pronto habrá información respecto a ese caso. *** “Sobre ese asunto la Fiscalía va a informar; está en curso la investigación, es una investigación seria y se va a determinar lo que pasó y los responsables”, prometió el vocero de la Fiscalía. *** Ya se formalizó el rechazo del Congreso local a los informes de la Cuenta Pública 2021, por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Es momento de que los legisladores detallen cuáles fueron las “inconsistencias, irregularidades y errores” que encontraron en el informe. Será ahí donde tendrán que despojarse de la careta y exhibir sus intereses.
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