El pasado lunes se dio a conocer que el director del Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, Alejandro Alvarado Téllez, fue cesado de su cargo tras el motín que se registró el domingo y que dejó 17 personas muertas.
La fiscalía de Chihuahua informó que Alvarado Téllez se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos en el Cereso. Lo mismo sucede con personal operativo, administrativo y de otras áreas del penal.
Se trata de establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y por autorizar actos que están fuera de la Ley.
Estos dramáticos hechos me llevaron a revivir un doloroso suceso, ocurrido allá mismo, hace ya 12 años.
De los archivos de internet rescato lo publicado en el blog “Juárez en la sombra”, firmado por Judith Torrea:
“La mujer me ofreció algo para tomar. Un agua, muy amable, le dije. Estaba esperando entrevistar al director de la prisión, Gerardo Ortiz Arellano. Me sonrió y comencé a platicar con ella. Era la esposa del mero, mero. Y estaba aquí, encerrada: por unos días. ‘De visita conyugal, de luna de miel’, me comentó, porque desde hace más de un año no había visto a su esposo, por seguridad”.
Más adelante la periodista narra:
“La habitación del director está contigua a su despacho. Es la primera vez que un director tiene su casa aquí, según Jorge Chairez, el portavoz del penal. ‘El que sufre es uno y no el interno’, dice riéndose el director (...) Bajamos con los prisioneros. Sin escolta. Llegamos a un amplio parque donde hay una cancha de fútbol y varias celdas donde están parte de los 2 mil 707 presos: 2 mil 562 hombres y 145 mujeres. Con 360 custodios. Unos presos venden aguas frescas, otros donas y pan dulce. Están en puestos que no son los suyos: otros reos, que tienen más dinero, los emplean”.
Y le da voz a Gerardo Ortiz Arellano:
“Uno se da cuenta de la violencia de afuera porque traen aquí los cadáveres -comenta Ortiz Arellano, de 50 años, 25 de ellos trabajando en seguridad pública-. Si matan a tu mamá, tu papá, a los hijos, previa autorización del juzgado pudiera salir el reo a ver el cadáver. Pero dada la situación de peligro, lo que hacemos es que traigan el cadáver aquí. Viene la carroza, sacan el cuerpo, lo ven y se van. Cómo sé yo que no me lo va a quitar un comando armado... Pues mejor que me traigan el muertito”.
La conversación se interrumpe varias veces. Suena el teléfono. Es miércoles 1 de septiembre:
“Ahorita va a salir un interno al hospital, pero es alguien muy muy importante para una de las pandillas... para los Aztecas, y entonces ahí se pide el refuerzo de la Policía Federal. De esa manera, nosotros garantizamos no tener problemas, que vayan a lastimar a algunos de los custodios (…) Hemos logrado convencer a los que están aquí recluidos que éste sea el lugar donde puedan atender a su familia sin riesgo a que se lastimen. Son seres humanos y el resultado hasta hoy, a un año y cuatro meses, es que no hemos tenido ni un sólo incidente, y afuera las cosas empeoran. Le metimos mucho trabajo, mucha escuela, los códigos de seguridad, checando que los custodios estén en su lugar”.
Un par de meses después, Gerardo Ortiz Arellano fue “promovido” al cargo de coordinador operativo de Centros Penitenciarios del Estado. En virtud de que ya no estaba al frente de un penal, le fueron retiradas las medidas básicas de seguridad. Ya no utilizaba vehículo blindado, ni era acompañado por escoltas.
La tarde del 13 de noviembre, cuando regresaba de una reunión nacional para funcionarios penitenciarios, al salir del aeropuerto (donde lo recogió su hijo), en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Fuerza Aérea Mexicana, en la zona de la colonia Aeropuerto, un comando armado lo interceptó.
Las crónicas de aquel día narran que Ortiz Arellano intentó escapar, y para ello aumentó la velocidad de su vehículo, hacia el entronque con la carretera a Aldama, pero ráfagas de metralla ocasionaron que se saliera del camino a la altura del Puente de Guadalupe sobre el río Chuvíscar.
“Todavía las víctimas intentaron correr, pero los alcanzaron los proyectiles de sus atacantes”.
Gerardo Ortiz Arellano llevaba apenas dos semanas en su nuevo encargo, luego de haber estado al frente del Centro de Readaptación Social (Cereso) Municipal de Ciudad Juárez por espacio de poco menos de tres años.
“Amanda tiene 55 años y 32 de casada con el que es director del Cereso Municipal de Ciudad Juárez desde abril del 2009. Él es otro miembro del Cereso”, le comenta a la periodista.
Recién llegada de Veracruz, donde tienen su hogar, explica: “Primero es su trabajo, es su mundo. Lo aguanto porque lo amo. Ahorita estoy libre, estoy volviendo a tener mi noviazgo con él, ya no tengo que cuidar niños”.
Pasaron ya más de 12 años y la violencia en Ciudad Juárez sigue sin freno.
Un abrazo donde estés, estimado Gerardo.
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Epílogo.
A partir del sangriento motín ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, vuelve a ser tema la saturación en muchos de los reclusorios del país, en gran medida debido a que muchos de los internos deberían seguir sus procesos en libertad -según el nuevo sistema penal- pero se ha abusado del mecanismo conocido como “prisión preventiva justificada”. *** Esto es que, aunque el delito por el que se procesa a una persona no amerita la medida cautelar de prisión, la Fiscalía solicita que se mantenga en la cárcel al detenido “ante el temor de que evada la acción de la justicia”. *** El nuevo sistema penal en México plantea como un principio fundamental la presunción de inocencia y, por lo tanto, si una persona no ha sido sentenciada debe seguir siendo considerada inocente y, en consecuencia, preservar su libertad. *** Acompañado por el jurista Tomás Mundo Arriasa, el exsenador y exdiputado priista Héctor Yunes Landa presentó una demanda de amparo en contra del gobernador Cuitláhuac García, quien no ha dado respuesta a su petición de que se cree un cuerpo colegiado para la atención de una agenda de emergencia que atienda los problemas de seguridad en Veracruz. *** “Vivimos una crisis de inseguridad e impunidad sin precedentes. Veracruz es el primer lugar nacional en esta barbarie, en donde las víctimas resultan ser los culpables ante la autoridad”, denunció. *** “Tristemente, el silencio de Cuitláhuac (García) confirma que tenemos un gobierno, además de incompetente, sordo y ciego ante la realidad que vive Veracruz (...) Con el silencio y el desprecio a la ley, buscan esconder la gravísima situación de inseguridad que vive Veracruz, suponiendo con simpleza, que el silencio y el desprecio a la ley pueden ocultar los graves problemas que sufrimos los veracruzanos”, señaló.
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