Prefacio.
Se trata, sin duda, del primer gran reto para la nueva ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña. *** A pesar de contar con una suspensión provisional decretada por el máximo tribunal de justicia en el país, este lunes elementos de la policía estatal impidieron que los integrantes del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) retornaran a sus oficinas. *** El gobernador Cuitláhuac García pretendió “lavarse las manos” y argumentó que se trataba de un conflicto entre entes autónomos, pero tuvo que admitir que, en efecto, él ordenó la presencia policiaca “porque lo solicitó un tribunal de justicia”. *** Se entiende que quienes habrían requerido la custodia de las oficinas habrían sido los integrantes del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), cuyas funciones -y, por lo tanto, sus atribuciones- están suspendidas hasta que la Corte federal resuelva en forma definitiva la Controversia Constitucional promovida por los magistrados que fueron cesados desde el Congreso de Veracruz. *** La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga nugatoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal. *** Conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado es menester tomar en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. La naturaleza del acto reclamado, y III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. *** Esto significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional. *** Ese es el caso de la determinación de la Suprema Corte. Al ordenar que se suspendiera la desaparición del TEJAV hasta que se hiciera el análisis integral de la demanda interpuesta, los actos procesales mediante los cuales el Trijaev entró en funciones, quedaron anulados y sólo se restituirán si la sentencia definitiva sobre la Controversia Constitucional les favorece. *** La postura del Poder Ejecutivo de Veracruz, de impedir el cumplimiento de un ordenamiento judicial, debería tener consecuencias jurídicas contra los responsables. Es ahí donde se verá si la nueva ministra presidente impone el cumplimiento de la ley sobre actuaciones de carácter político.
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Así inició su artículo el periodista Héctor de Mauleón, en el periódico El Universal:
“La noche del 31 de diciembre, en el mirador de la carretera Chote-Coyutla, a unos 50 kilómetros de Poza Rica, Veracruz, fueron halladas unas bolsas negras y una hielera con una cabeza humana. Los restos embolsados pertenecían al comandante municipal de Espinal, José Luis Quinto. Un comando lo había secuestrado el 23 de diciembre a las puertas de un centro comercial, mientras acomodaban en su camioneta las compras para la cena navideña. A la mujer que lo acompañaba la dejaron irse. El paradero del comandante se ignoró a lo largo de ocho días. Su cuerpo despedazado apareció al fin —se dice que congelado—; no tardó en circular un video en el que él aparecía hincado y con las manos atadas detrás de la espalda, confesando diversos delitos y hablando del contubernio de políticos locales, entre ellos un alcalde, con el crimen organizado. A la noche siguiente sobrevino la masacre de Poza Rica”.
No, no se trata de hechos aislados. La violencia en el norte de Veracruz tiene que ver con acuerdos incumplidos, con la desaparición de un personaje que era clave para mantener los equilibrios, y con el desconocimiento y la incapacidad de las fuerzas del orden encargadas de enfrentar a los grupos delincuenciales.
Tiene razón el gobernador Cuitláhuac García cuando aclara que en Poza Rica no existe tal “toque de queda” que anunció un grupo autodenominado “Escorpión”. Esa medida finalmente no se tomó, pues de manera urgente enviados del gobierno estatal hicieron contacto con el grupo criminal que domina en la zona y acordaron que todo volviera a la calma, que nadie más se metería en su zona y que, a cambio de ello, les entregarían a algunos miembros de bajo nivel para utilizarlos como “chivos expiatorios”.
En efecto, todo parece indicar que en los próximos días habrá relativa calma en aquella región, pero el pavor sembrado entre los habitantes de Poza rica no desaparecerá sólo por escuchar al gobernador diciendo que “todo está en paz”.
Veracruz no es -por supuesto- un caso aislado de repunte de la violencia. No se trata, como algunos argumentan, de un intento de “los conservadores” para generar inestabilidad en el país, sino la consecuencia lógica de la ausencia de estrategias para combatir a la delincuencia.
El analista Héctor de Mauleón lo plantea así:
“El asesinato del comandante de Espinal, José Luis Quinto, había cerrado un mes, el de diciembre, en el que en México se cometieron 2,359 homicidios. Sólo en una semana de ese mes, la que corrió del 16 al 24 de diciembre, 681 personas perdieron la vida de manera violenta. Ese mismo asesinato, el último de 2022, cerraba un año en el que se registraron en el país 34,351 homicidios: una cifra con la que el número de muertes violentas en México, desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, asciende a 140 mil 128. El número ha rebasado ya a los 130,463 homicidios que ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Y está por rebasar los 156,437 registrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”.
La violencia criminal crece en Veracruz, lo mismo que en todo el país, por una razón simple: nuestras autoridades no saben -o no quieren- combatir a esos grupos delictivos que están bien identificados, pero que se han convertido en factor de decisión política en sus zonas de influencia.
Es lo que se conoce como “narco-estado”.
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Epílogo.
El gobierno estatal lo estuvo anunciando los últimos meses del 2022: Una vez que concluyera el plazo para realizar el canje de placas vehiculares, todos aquellos que no hubieran cumplido con este requisito, serían detenidos y sus unidades enviadas al corralón “hasta que se regularicen”. *** La medida es, a todas luces, recaudatoria. Eso es, que se trata de una acción del gobierno estatal para hacerse de recursos adicionales, desconociendo las placas que gobiernos anteriores otorgaron, y obligando a los propietarios de automóviles a adquirir otras. *** Desde las primeras horas del presente año (toda vez que el plazo para reemplacar venció el 31 de diciembre) los agentes de Tránsito del Estado iniciaron operativos para detectar a quienes no cumplieron con esta disposición. *** Hay, sin embargo, leyes que protegen al ciudadano. Se parte de lo que establece el artículo 16 de nuestra Carta Magna: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. *** Quizá alguien le explicó al gobernador de Veracruz la pifia jurídica en la que estaban incurriendo, pues este miércoles anunció que les dará a quienes no cumplieron con ese trámite, otros 45 días. *** La Secretaría de Salud reportó que en los últimos siete días se han registrado 30 mil 333 nuevos casos de Covid-19, para dar un total de 7 millones 252 mil 944 contagios. Respecto a las defunciones, según el informe técnico semanal, hasta este 3 de enero se registraron 167 en una semana. En total, la cifra de defunciones desde el inicio de la pandemia en México es de 331 mil 197. *** Las entidades con la tasa más alta de casos activos son: Ciudad de México, Querétaro, Tabasco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Quintana Roo, Colima, Morelos Baja California Sur y Estado de México. *** ¡No baje la guardia!
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