Aunque han intentado minimizarlo, el caso de la empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz que recibió contratos de diferentes dependencias del gobierno estatal por más de 100 millones de pesos es una bomba que hizo volar la podredumbre de la corrupción en la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

El tema fue dado a conocer desde las comparecencias de los secretarios de despacho del año 2021 por el diputado local y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, quien en ese entonces cuestionó cómo era posible que una persona física cuya actividad comercial era la venta de bienes informáticos, muebles y mobiliario de oficina, fuera proveedora del DIF estatal, así como de las secretarías de Salud y de Seguridad Pública, a las que les ha vendido uniformes, batas quirúrgicas, overoles, sillas de ruedas y aparatos para la audición desde 2020.
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez prácticamente hizo como que no se enteró e ignoró las denuncias, que han vuelto a salir a la luz. Primero, cuando el legislador priista sacó nuevamente el tema a colación durante la comparecencia ante diputados locales, a finales de enero de este año, de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, a quien le cuestionó si sabía quién era Araly González, a lo cual la funcionaria tampoco dio respuesta.

Pero no pudieron seguir tapando el sol con un dedo y esta semana el tema reventó, al grado que el propio Cuitláhuac García tuvo que dar la cara, hablar del caso y reconocer que, en efecto, se le otorgaron esos contratos por más de 100 millones de pesos a Araly Rodríguez Vez, que además de ser empleada de rango inferior de su gobierno, es la “representante legal” de una empresa, lo cual para el gobernador no constituye ninguna irregularidad.

Con el “pequeño detalle” de que el domicilio fiscal que Araly Rodríguez proporcionó para recibir los sendos contratos millonarios de diferentes dependencias estatales es el de una pequeña tienda de abarrotes en una colonia popular y humilde de Xalapa, donde ni siquiera están pavimentadas las calles y, sobre todo, donde nadie la conoce.

De hecho, nadie la ha visto desde que comenzó a ser mencionada como contratista gubernamental, más que Cuitláhuac García y el secretario de Educación Zenyazen Escobar.

El gobernador aseguró que “ella no es un fantasma, ella es real y, en efecto, tiene esos contratos y los estamos investigando”; mientras que el secretario mencionó que “está cubriendo un interinato. Ella es una trabajadora administrativa, un interinato que se va a vencer”.

¿Una maestra de una escuela de Cosoleacaque es la representante legal de una “empresa” a la que sin problema el gobierno de Veracruz le otorgó contratos por más 100 millones de pesos en los últimos dos años, y en cuyo domicilio fiscal no hay más que una tienda en la que venden papitas y refrescos? ¿No le pareció al menos sospechoso eso a la administración del “honesto” Cuitláhuac?

Como está visto que sus asesores están peor que él, el gobernador salió con un “rollo” para intentar “escurrir el bulto” de lo que es muy evidentemente un caso mayor de corrupción de su gobierno.

“Nosotros pensamos que es prestanombres de otra empresa. Lo que pasa es que algunas empresas no quieren mostrarse tal como son por temas con las administraciones anteriores; entonces, creen que porque son, o trabajaron, o tuvieron contratos en la administración anterior, nosotros los vamos a vetar, entonces, lo que están usando es utilizar a otra persona como su representante legal (sic).
“Pero eso sería lo de menos, nosotros queremos ver si no están evadiendo impuestos a través de ese mecanismo. Ya se le llamó a ella, se le dijo 'a ver, ¿qué pasó ahí?’ Y confesó, 'yo soy solo representante de esa empresa, no soy dueña”, afirmó García Jiménez.
¿Que su gobierno otorgue contratos a empresas sin verificar si existen le parece “lo de menos” al gobernador? Aunque dijo algo cierto: si es que existe, Araly Rodríguez por supuesto que es prestanombres de alguien, porque no hay manera de que por su propia situación personal –descrita como muy mala por las propias autoridades- y laboral pueda desempeñarse como representante legal de una empresa que maneja esas sumas de dinero.

Lo que la evidencia indica es que estamos ante un esquema clásico de desvío de recursos a través de empresas “fantasma”, como aquellas con las que en el sexenio de Javier Duarte se robaron miles de millones de pesos y por lo cual, éste se encuentra en prisión.

Y exactamente de la misma forma como en ese gobierno, en la administración de Cuitláhuac García deben saber exactamente quién está detrás de la empresa fachada y por esa misma razón le soltaron contratos a diestra y siniestra, porque además fueron por adjudicación directa. Y por si no bastase, aprovechando la pandemia y la dificultad para fiscalizar los recursos debido al cierre de actividades.

La responsabilidad directa de hacer las revisiones en cada dependencia para contratar proveedores es de los órganos internos de control. ¿Y sabe quién los controla todos? Pues ni más ni menos que el “primo incómodo” del gobernador, el poderoso subsecretario de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero Pérez, a quien por supuesto nadie le diría “no” en este gobierno.

La fantasmagórica Araly Rodríguez no es el único caso. Desde 2021, el diputado Ramírez Marín mencionó al menos otras dos empresas con irregularidades parecidas: Infraestructura y Construcción Lumssy, empresa dedicada a la obra civil y pesada que recibió un contrato para suministrar cortinas antibacteriales por un monto de 392 mil pesos; y SOPRICOM Comercializadora y Servicios, cuyo giro comercial era la venta de medicamentos veterinarios, pero el gobierno estatal le compró medicina para seres humanos por un monto de un millón 740 mil pesos. Ambas, en la Secretaría de Salud.

El hedor de la corrupción en el gobierno de Veracruz es tan intenso como antaño. Y las empresas fantasma de Cuitláhuac García le pueden ganar la misma suerte que a su tuitero antecesor. Por complicidad o indolencia.

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