A qué me refiero, seguramente recordarán que el Día de la Candelaria, justo cuando estábamos con lo de los tamales, el Buró de Crédito salió con su domingo siete a través de un escueto comunicado para darnos a conocer que se había enterado por redes sociales de la venta sin su autorización de la base de datos en donde estamos registrados todos los que hemos sido sujetos de crédito o tenemos deudas pagadas o pendientes.
En el mismo comunicado afirmaba que esa base de datos era de 2016 y que ya estaban en la investigación y las denuncias que ameritaba tal atentado, del que se cuidó mucho no manejarlo como un hackeo, para evitar la desconfianza en sus sistemas de seguridad informáticos por parte del público.
Preocupante desde aquel entonces como lo comenté en este mismo espacio la falta de pronunciamiento de la CNBV al respecto, o del Banco de México como organismos competentes para atender ese hecho tan delicado, que significó el que nuestra información confidencial clasificada como secreto bancario, anduviera rodando en manos de quien sabe quiénes y para qué.
Lo peor sobrevino el pasado día veintidós de febrero, cuando veinte días después de aquel anuncio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer mediante un comunicado -poco claro- que nos deja peor de desconcertados, que tuvieron conocimiento del grave suceso desde el año pasado.
Para ser exactos el 19 de diciembre, fecha en la cual la Sociedad de Información Crediticia Buró de Crédito les notificó que fue en ese año que detectó la pérdida de información, pero que esta no correspondía a 2022 sino a 2016; y que previa contratación de los servicios de una empresa dedicada a la ciberseguridad se había determinado que no existió vulneración para la sustracción de la información.
Lo que entonces significa que “alguien” dentro del organismo consintió en la salida de dicha información, el comunicado es confuso reitero porque en otro párrafo también se señala que no se descarta la vulneración de la seguridad del Buró.
Si se trata de lo primero, ¿por qué es la fecha en que no se ha procedido en contra del o los responsables por la grave falta?
Si se tratara de lo segundo, ¿por qué no sido posible determinarlo con exactitud? para prevenir futuros riesgos, o cual es la garantía o la certeza de que ahora sí, nuestra información está segura. La respuesta parece ser sencilla: no la hay.
A propósito y consecuencia del ilícito ha quedado al descubierto que nadie aparte de la CNBV tiene competencia legal para atender eventos de esta naturaleza con el Buró; ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ni la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), tampoco la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entonces ¡para qué nos sirven esos organismos que llevan todos en su nombre la Protección!
A ver, vivimos momentos complejos en materia económica; como nunca necesitamos usar y contratar créditos, seguros, o servicios financieros, por qué ante esta urgencia no es posible contar con organismos y autoridades competentes para defendernos no solo frente a los abusos, sino para que nuestra información sea confidencial y segura.
Es lamentable e indignante la incertidumbre del uso, mal uso que pueden dar personas no autorizadas a la información robada al Buró, pues contiene domicilios, RFC’s, números de teléfono, información laboral entre otros datos sensibles.
Una vez más habrá que tener cuidado con las extorsiones, los fraudes, y las llamadas de desconocidos, hoy parece que la protección de nosotros y nuestro patrimonio está en nuestras manos, tengamos cuidado y extrememos las precauciones.
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