Para financiar sus programas clientelares y sus obras insignia, el gobierno lopezobradorista ha ido destazando poco a poco a instituciones y organismos públicos a los que, simple y llanamente, les arrebató el dinero o los desapareció para hacer lo mismo: ocupar su presupuesto para financiar sus fines cortoplacistas y electoreros.
Fue lo que sucedió con aquellos 155 fideicomisos que servían para fondear la investigación científica y tecnológica, así como diversos programas de educación superior de excelencia y actividades artísticas. Usando como pretexto que había “corrupción” en su operación –la cual nunca se molestaron en probar, como sucedió también con la cancelación del aeropuerto de Texcoco-, los extinguieron echando mano del mayoriteo legislativo y se apoderaron del dinero, del que nunca rindieron cuentas, como es también una arraigada costumbre de la “4t”. No por nada quieren acabar también con el INAI.
Pero eso no fue lo más grave. El gobierno dejó de invertir en educación y, criminalmente, en salud, “pichicateando” y hasta negándose a la compra de medicamentos, lo que ha provocado la muerte de miles de personas en el país, en especial durante la pandemia. Todo, con tal de mantener el poder a través de la compra de voluntades.
Sin embargo, no hay presupuesto público que alcance ante el derroche sin ton ni son del dinero público. Y en este caso, estamos ante la proximidad del cataclismo. Y no es exageración.
Este martes, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca “compactar” la Administración Pública Federal mediante la fusión o extinción de 18 órganos y fideicomisos públicos.
La iniciativa elimina la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de las Adolescencia, por mencionar a los que les toca “guadaña” del sector social, que se supone es donde mayor énfasis pone la actual administración.
Los argumentos para esta “purga” son tan falaces, doctrinarios e ideologizados como siempre: que si la duplicidad de funciones, que si el modelo neoliberal, que si la “austeridad republicana”. Pero el verdadero fondo es que ya no hay dinero para financiar un gasto que se ha vuelto insostenible y que el gobierno de López Obrador no solo quiere mantener, sino incrementar en la víspera de la sucesión presidencial.
Sin clientelismo, sus posibilidades de triunfo en las elecciones –que no se limitan a la elección presidencial, sino a la del Congreso de la Unión y las de las entidades que renovarán gubernaturas- se reducen drásticamente. Y por mantenerse en el poder, están dispuestos hasta a hacer sangrar a las piedras.
Ya se acabaron el dinero. ¿Qué más buscarán destruir para saquearlo?
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