“Muchas personas a las que me acerqué porque podrían tener información me dijeron ‘No me meto en líos’. ¿A qué líos se refieren?”, cuestiona la estadounidense.
“Si el asesinato de Regina no tuvo que ver con su trabajo, ¿por qué los testigos clave fueron torturados para que firmaran la versión estatal de los hechos? ¿Por qué ninguna de las pruebas apunta a ninguno de los presuntos sospechosos?”, se pregunta Katherine Corcoran, cuya investigación sobre este homicidio constituye la columna vertebral de su libro, quien refiere que la corresponsal de Proceso “fue encontrada muerta a golpes y asfixiada en su baño el 28 de abril de 2012, después de más de 20 años de escribir historias que a menudo eran duras para los funcionarios de los gobiernos estatal y federal. No investigó sobre los cárteles de la droga, contrariamente a mucho de lo que se ha escrito sobre ella. Cubrió la corrupción en la administración pública. Siempre trató de seguir el rastro del dinero y manifestó su frustración a compañeros cercanos por la opacidad de las finanzas públicas en Veracruz.”
En un texto escrito especialmente para Proceso, Corcoran reprocha que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) “parece cómplice en encubrir el caso”, pues apunta que “lo mantiene abierto sin hacer absolutamente nada e impide que se conozca la información que podría señalar el trabajo de Regina como el móvil de su asesinato”.
No obstante que son delitos federales, recrimina que la FEADLE “ha mantenido el caso abierto, pero información clave sobre lo que realmente le sucedió a Regina la ha dejado fuera del ojo público, sin absolutamente ningún progreso o resultado”.
Relata que a fines de 2015 entrevistó al entonces titular de la FEADLE, Ricardo Nájera, y que éste le dijo que la fiscalía a su cargo había cerrado su versión del caso de Regina porque el estado de Veracruz había resuelto el crimen.
Corcoran grabó esta conversación, en la que el fiscal Nájera le dice que “para nosotros ya está cerrado, porque hay una gente sentenciada (Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”, quien recibió 38 años de cárcel) y falta otra por ser detenida (José Adrián Hernández Domínguez, “El Jarocho”) pero un juez ya compromete que hay una responsabilidad”.
“Ok, y que no tenía que ver con libertad de expresión”, le replica la periodista.
“Nada”, le responde el entonces titular de la FEADLE.
Sin embargo, cuando Corcoran pide una copia del expediente, que en ese momento se hizo público, Nájera se lo negó. Y comenta que cuando intentó con su sucesor obtener una copia, “me dijeron que el caso aún estaba abierto y sigue así hasta el día de hoy”.
La periodista insiste en que el homicidio de Regina habría tenido que ver con su oficio periodístico. “Si no tuvo que ver con el trabajo de Martínez, ¿por qué Jorge Carrasco, ahora director de Proceso, recibió un aviso de que los funcionarios estatales se estaban reuniendo en Xalapa para secuestrarlo en la Ciudad de México después de que expuso todas las irregularidades en el caso por la revista?”. |
