Como no todos los jueces y ministros son “obedientes” al morenato, este mismo jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –con los votos en contra de las marionetas del presidente- echó abajo otra de las leyes del llamado “Plan B” electoral por inconstitucional, al haberse violado el proceso legislativo para su aprobación, que fue como le gusta a López Obrador: sin leer las iniciativas primero, “fast track”.
Esto provocó una furibunda reacción difundida al momento de escribirse estas líneas: la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que la Corte “pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros Poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional”. Cuando el que hace exactamente eso que se señala, todos los días, es el Ejecutivo federal.
Es previsible que la respuesta vaya más allá y arrecie la campaña en contra de los ministros y especialmente contra la presidenta de la SCJN Norma Piña, contra quien, además, el presidente tiene un añejo asunto personal, como lo aseguró recientemente la ex ministra, ex secretaria de Gobernación y hoy anodina senadora Olga Sánchez Cordero.
La desmesura del presidente y sus sistemáticos ataques a la legalidad funcionan como una especie de “permiso para matar”. O por lo menos, para reprimir y abusar del poder, como sucede de manera grotesca en el estado de Veracruz con el gobernador Cuitláhuac García.
El episodio de quebranto de la ley de esta semana en Veracruz fue la detención bajo cargos falsos de la juez Angélica Sánchez como venganza por haberse ido “por la libre” y respetar un amparo para liberar a un presunto homicida, al que la Fiscalía General del Estado fue incapaz de armarle una imputación firme.
Orgulloso de su felonía, Cuitláhuac García celebró la abyección de “su” presidenta del Tribunal Superior de Justicia y amenazó con que va por más jueces que no se sometan a la línea que se les dicta desde el Ejecutivo. Que no le vengan con que la separación de poderes y otras minucias, le faltó decir.
Y así, en el camino han encarcelado adversarios políticos, activistas, manifestantes y a ciudadanos de a pie, nomás por el placer que les causa a los “tetratransformados” tener “todo el pinche poder en la mano”, como decía uno de los mentores de Cuitláhuac García.
Se viene un fin de sexenio de terror por cuanto hace a la legalidad y los derechos humanos, en México y en Veracruz. La descomposición ya es total.
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