La sentencia del periodista Raymundo Riva Palacio es contundente: “Ni la protección de López Obrador durará para siempre, ni el blindaje que hoy le provee el presidente será indestructible. Pero los abusos de poder en los que ha incurrido y los excesos retóricos al atacar a todos, no pasarán al olvido”.
Los abusos en los que está incurriendo el gobierno de Veracruz, a través de los organismos encargados de procurar e impartir justicia (en teoría autónomos) tienen hoy una resonancia internacional.
Al continuar con la audiencia inicial, la juez Angélica Sánchrez fue impedida por decisión del Juez de Control Roberto Santos Maldonado de ser representada por personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El juez negó, además, el acceso a los observadores del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Moroni Amador Pacheco, el defensor público federal adscrito al Centro de Justicia Penal, refirió que el organismo que él representa podría tramitar un amparo tras la determinación del juez local.
El IFDP denunció que el juez de control restringió el derecho de Angélica Sánchez a una defensa adecuada al negar la observación y representación del instituto durante la audiencia y decretar que ésta fuera privada, lo cual restringió el principio de publicidad del proceso penal.
El artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se refiere al “Principio de publicidad” y señala: “Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código”.
En su segundo párrafo dispone: “Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo”.
Pero no sólo eso.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a la que México está suscrita y, por lo tanto, debe ser cumplida por las autoridades de este país, dedica el artículo 8 a las Garantías Judiciales. En la fracción 5 de ese ordenamiento, apunta:
“El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.
La violación del derecho de Angélica Sánchez a la debida defensa y al principio de publicidad, son argumentos suficientes para que aleguen violaciones al debido proceso, con lo que la justicia federal podría ordenar que sea puesta en libertad.
“En una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada, el juez de control determinó que la audiencia (inicial de Angélica Sánchez) sería privada en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, restringiendo el principio de publicidad del proceso penal”, expuso el IFDP.
A pesar de que se solicitó una representación extraordinaria durante la audiencia, el juez desestimó el requerimiento y seis defensores públicos federales se quedaron sin acceso a la audiencia.
Moroni Amador Pacheco afirmó que el argumento del juez de control para rechazar su petición es que “no tienen competencia”.
Bien lo dijo Riva Palacio:
(Cuitláhuac) “García cree que las cosas se resbalarán y se olvidarán. Su final de sexenio y el séptimo año no serán fáciles. Debe muchas y habrá de enfrentar consecuencias”.
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Epílogo.
Consecuencia inmediata de las deficiencias en la procuración y administración de justicia, es el fortalecimiento de la impunidad y, con ello, el aumento de actos criminales, ante la certeza de que no serán castigados. *** El presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez denunció que nuevamente se están reportando casos de “cobro de piso” (extorsión), a los empresarios xalapeños. *** El dirigente empresarial dijo que al menos diez agremiados de esa cámara han sido víctimas de este delito en las últimas semanas, lo que ya se ha denunciado a las autoridades. *** “Tenemos detectados, de los que pertenecen a la cámara, más de diez, sí tenemos un tema fuerte con la seguridad, pero seguramente habrá más casos de otros pequeños y medianos negocios”. *** Mientras tanto, en el municipio de Nogales, en la colonia Paseo Nuevo, fue encontrado amarrado de pies y manos, con visibles huellas de violencia y tortura, cubierto de la cabeza con una bolsa plástica de color negro y ejecutado por varios impactos de arma de fuego, el cuerpo de un hombre. *** La víctima contaba entre 25 y 30 años, era de tez morena clara y complexión media; vestía tenis negros con azul, pantalón de mezclilla, ropa interior de color gris y camisa de manga larga en color azul claro. *** Por su parte, el delegado regional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (Amotac) en Orizaba, Valentín Romero Trujillo, dio a conocer que esa organización tiene registrados hasta 50 robos al transporte público de mercancías. *** “En la semana tenemos varios asaltos, la verdad unos 40 o 50 asaltos; ya los tenemos a nivel nacional todos estamos en la mismo. Le exigimos al Gobierno Federal que ponga más seguridad porque sinceramente no la vemos en las carreteras. La semana pasada mataron a dos compañeros y los abandonaron ahí a un costado de la autopista (México- Veracruz), ahí entre Yanga y Amatlán, y ¿dónde estaba la policía?, porque fue a plena luz del día”. *** Explicó que durante esta semana tuvo que viajar a Coatzacoalcos partiendo desde Orizaba, y encontró sólo una patrulla de la Guardia Nacional a mitad de camino. *** “Encontramos una sola patrulla de la Guardia Nacional y a mitad de camino, no es posible, ¿dónde tienen a tanto oficial de la Guardia Nacional que ingresa?”.
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