La Constitución Política –que todos juran guardar y hacer guardar— identifica  quienes son los servidores públicos que están sujetos a castigos severos: los de elección popular, los miembros del poder judicial que son los ministros y todos los  demás servidores públicos están sujetos a sanciones administrativas por actos u omisiones  que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones  que consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación y sanciones por beneficios económicos en tanto que  el Presidente de la República no está incluido en esa lista y solo poder ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, luego entonces, cualquier observación que se le haga, está fuera de todo orden jurídico  y en consecuencia, procede el juicio político contra quien quiera salirse de esa línea, luego entonces, el actuar es de urgente resolución en tanto las conductas son contrarias al orden jurídico.

Si es necesaria que la tolerancia tenga un límite, pues la alharaca del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial en cuando a lo que manifiesta el Presidente de la República, no se le puede reconvenir de ninguna forma  y quien lo haga, se está orinando fuera de la bacinica y más  cuando está de por medio la defensa de su programa de gobierno como es la defensa de los derechos humanos y bienestar general de la población y en  todo momento y a toda hora, está obligado a defender su proyecto de gobierno por el que llegó al cargo que, óigase bien, por primera vez en la historia fue democráticamente  y de señalar, —existan o no  elecciones en puerta— a quienes  pretendan que se trunque, como es terminar con la  corrupción, la defraudación fiscal y demás delitos graves que están en la constitución o bien la protección que se inscriben en el Artículo 4 constitucional a los adultos mayores y demás beneficios en síntesis, si la libertad de expresión está garantizada  ejercerla beneficia a todos, de ahí que Vicente Fox y quien se aparezca en lista de los panistas que se opusieron,  puede señalar que terminaran o cancelaran ese apoyo económico porque llevará a la quiebra a la economía nacional, el presidente López Obrador, tendrá que demostrar que están equivocados y quieren volver a saquear y  atracar a la economía nacional a buitres del presupuesto público.

Si bien el presidente  es claro y preciso no se anda por  las ramas y menos en la simulación en cuanto a la lucha para que no vuelvan al gobierno los corruptos responsable del endeudamiento de la nación con el Fobaproa, o la privatización de la medicina y la atención medica, así como la construcción de grandes obras de desarrollo y bienestar social de su gobierno que se han obstaculizado, por ejemplo el Aeropuerto Felipe Angeles, el Tren Maya, el ferrocarril interoceánico el tren en Jalisco o del Estado de México, así como el establecimiento de la Guardia Nacional y los cientos de cuarteles construidos, o los tres mil bancos de bienestar para distribuir  los seiscientos mil millones de pesos que se entregan a los adultos mayores de manera directa, becas para estudiantes, discapacitados y demás, necesariamente tiene que seguir informando, y señalando, con índice de fuego, a quien se oponen.

No hay que desconocer que es mucha la información veraz y objetiva  que se conoce y se difunde gracias a la mañanera , que ha sido un alivio para hacerle frente al engaño y las mentiras de los medios tanto de radio y televisión, concesionados por el estado, que no tienen limites para difundir, con absoluta libertad lo que quieran, y,  aunque no  informan  con objetividad, si no que manipulan los acontecimientos  y hacen  apología de los delitos y  están sirviendo a la delincuencia que se vivió en el narco gobierno de Felipe Calderón y con la alta corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se conoce en la plaza pública los grandes negocios y montajes para simular que se atacada a la delincuencia cuando en los hechos era lo contrario y el caso elocuente es el de Genaro García, preso en Estados Unidos o el ex ministro Medina Mora autor de la jurisprudencia que prohíbe al estado mexicano incautar cuentas bancarias, si no existe una denuncia de un gobierno extranjero que hoy se prueba el nivel de corrupción del Poder Judicial de la Federación que pues  ser calificado como a traición a la patria.

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