El presidente López Obrador está a favor de la democracia como modo de vida de la nación, de ahí que es enemigo de que los ministros de la suprema Corte de Justicia- once en total- que duran en el ejercicio quince años, sean nombrados de manera arbitraria o con bases en intereses de la oligarquía dominante que encabeza el presidente de la República en turno, como ha sucedió con los que él nombró: Jasmín Esquivel, Margarita Ríos , Loreta Ortiz y González Carrancá que, por cierto, ha reconocido que fue traicionado desde que llegaron al cargo, pues en lugar de observar lo que el artículo 127 Constitucional que precisa que” nadie debe ni puede ganar más que el jefe del ejecutivo Federal,” han tenido el descaro y cinismo vil de burlar esa disposición, igual que los demás ministros : Zaldivar, Aguilar, Payan, Piña, Laynez , Rebolledo y Ortiz Mena , a quienes se les debe iniciar el juicio de procedencia y fincarles las responsabilidades económicas en perjuicio de la tesorería de la federación y que devuelvan todo lo robado, al igual como sucede con quienes dañan el patrimonio nacional, es decir, justicia para todos, sin discriminación .

Sería – en serio- un hecho histórico y de enorme trascendencia política, social , económica, y saneamiento del país, que el congreso de la Unión diera curso a las denuncias de desafuero que ya existen en ese poder y se marque el hito que todos queremos ver en quienes, amparados en la mala entendida interpretación de la Constitución, se constituyen en los responsables de las injusticias que sufren los ciudadanos cuando, en lugar de impartir justicia, se van por el lado del derecho, como es dictar sus sentencias para efectos cuando siendo tribunales terminales se tiene que acabar con la acumulación de expedientes que es parte del atraco que se comete con la economía nacional y que se sustenta en pedir más presupuesto ante el rezago jurídico que es abominable.

Si la inversión en la impartición de la justicia se ciñera al auténtico conflicto que se da entre los ciudadanos, el gasto no llegaría a esos niveles de despilfarro, en daño grave al desarrollo de la nación, siendo además, inadmisible que concentre un fideicomiso de más de 20 mil millones de pesos que bien sirven para resolver grandes y graves problemas de pobreza y sobre todo, se atendería el interés superior de los niños y hacer realidad cumplir con la constitución en sus artículos 3 y 4 constitucionales y con los tratados internacionales que México tiene firmados.

Asombra, más aún, cuando un ministro Luis María Aguilar Morales, que fue presidente de la suprema Corte, conceda una suspensión a un gobierno estatal para que los libros de texto gratuito no se distribuyan a los niños en el próximo ciclo escolar, dizque en defensa del interés superior del niño, argucia, porque produciría daños a la mente de los menores cuando lo que daña a los niños es la mala alimentación que tiene y que en parte es responsable ese ministro que, si regresara a la tesorería de la nación lo cobrado desde el año 2009 de salarios y privilegios de los que es gandalla, que da el “servir” a la justicia, si se justificaría su preocupación en el sentido que lo aplica y más que como presidente de ese poder, durante cuatro años manipuló el fideicomiso de más de 20 mil millones de pesos a su antojo cuando la ley de contabilidad y responsabilidad hacendaria obliga a que lo presupuestado y no gastado, tiene que regresarse a la economía de la nación, esto es, nada más para darse una idea de la perversidad de quienes se acostumbraron a vivir y viven en la impunidad y complicidad que da el poder político y los intereses creados.

El artículo 4 Constitucional en su fracción II “ el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios y la fracción III “ el ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república”, y este artículo, que abunda mucho más, cómo es posible que un ministro conceda la suspensión provisional para que no se distribuyan los libros, cuando está a la vuelta de la esquina el inicio del ciclo escolar, con lo que demuestra falta de profesionalismo, honradez, eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones, más que suficiente para que inicie el juicio de procedencia como lo prevé el artículo 108 , 109, 110y demás responsabilidades de quienes ejercen una función pública.

Esta actitud de los ministros – en particular el que se analiza-solo se evita cuando tengan su encargo público en una elección democrática, con sus consecuencias de revocación de su mandato y el cumplimiento estricto de la ley sin contemplaciones de ninguna especie, evitando la arrogancia y prepotencia de la que ahora presumen y festejan, por lo que es necesario detenerlos para que no se repitan.

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