Estábamos sorprendidos de que un funcionario estatal -el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos- fuera capaz de ignorar, de manera flagrante, una “sugerencia” (que en el lenguaje de la política mexicana es “una orden”) del presidente López Obrador: “o retiras tu propaganda, o renuncia a tu cargo”.
Pero ahora nos damos cuenta de que -quizá por la natural pérdida de fuerza al final de su administración- no es Cisneros Burgos el único que se atreve a ignorar una orden presidencial y a faltar a su compromiso con su jefe político.
Otro que, al menos en Veracruz, ha sido capaz de pasar por alto una instrucción directa del presidente, ha sido, nada más, ni nada menos que el gobernador Cuitláhuac García.
Quizá el gobernador veracruzano pensó que, con tanto ajetreo por su informe, por la refinería y por el tren maya, al presidente se le iba a olvidar el compromiso que hizo -y firmó- para respaldar a los veracruzanos con alguna discapacidad.
Perdió de vista que hay gente -incluso en el interior de Morena- que se encarga de mantener fresca la memoria del inquilino de Palacio Nacional.
Este lunes el delegado federal de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recordó que el gobierno de Cuitláhuac García tiene pendiente el depósito de los casi 300 millones de pesos con los que se completaría el fondo para hacer los pagos de pensiones a personas con discapacidad de 29 años en adelante.
Manuel Huerta, una de las figuras que se mantiene presente como aspirante a la gubernatura de Veracruz (muy a pesar de la opinión del gobernador) explicó que, aunque ya está previsto el pago de la pensión para adultos mayores, que corresponde al bimestre septiembre-octubre, hay compromisos que aún no será posible cubrir.
“No están incluidos en este padrón los 70 mil (discapacitados) de 29 años para adelante que por convenio estatal estamos incorporando, porque todavía no tenemos noticia del ingreso al fideicomiso de los recursos que el gobierno estatal tiene que hacer, que oscila en los 300 millones de pesos”.
Manuel Huerta recordó que la incorporación de este sector (discapacitados) a los programas sociales fue un compromiso de la administración estatal, por lo que aseguró que en cuanto se haga el depósito estarán en condiciones de realizar afiliaciones y entregar los medios de pago.
Y tiene razón.
El pasado 10 de junio, en una visita a Álamo, el presidente López Obrador se refirió al apoyo para discapacitados y dijo que sería posible realizar ese objetivo en colaboración con el gobierno de Cuitláhuac García:
“Vamos a seguir apoyando con pensiones a personas con discapacidad (…) pero de 29 a 64 (años) los discapacitados no reciben ningún apoyo. (…) Falta ese tramo de población y les estoy planteando a los gobernadores -y aquí aprovecho hacerlo públicamente a Cuitláhuac- que aporten del gobierno del estado 50 por ciento y la federación otro 50 por ciento y entonces ya en todo Veracruz va a haber pensión para discapacitados, universal, para todos”.
El gobernador se dio, de inmediato, a la tarea de cumplir con su parte y -quiero suponer- lo consultó con su asesor en materia financiera, el brillante secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco.
El 12 de junio, apenas dos días después del compromiso público con el presidente, el gobernador anunció que “gracias a la excelente planeación y el correcto manejo de los recursos”, lo mismo que al incremento de los ingresos en las oficinas de Hacienda del Estado y los fondos de estabilización, se concretaría el acuerdo para apoyar a los discapacitados:
“En ese momento me comuniqué con el secretario de Finanzas y me dijo que sí, que lo podemos cubrir, yo creo que a partir de julio lo estaremos (aportando) ya para todos, para ese monto y el próximo año pues desde luego”.
Esa misma semana (15 de junio) se confirmó que el gobierno estatal aportaría 298 millones de pesos a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y que dicho apoyo se daría a partir de la segunda quincena de julio, con lo que resultarían beneficiados 14 mil veracruzanos de 29 a 64 años, quienes recibirían bimestralmente, un apoyo económico de 2 mil 950 pesos.
El gobernador Cuitláhuac García y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, firmaron el convenio.
Pero pasó el mes de julio, pasó también julio (cuando -como lo prometió el gobernador- deberían a empezar a pagar esos apoyos) y la parte que le tocaba al gobierno estatal no aparecía.
El 21 de agosto, ya casi un mes después de vencido el plazo, Cuitláhuac García aseguró que ese mismo mes serían aportados los 298 millones de pesos de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
El secretario de finanzas, José Luis Lima Franco explicó que el mecanismo consistía en que el gobierno de Veracruz lo entregaba a la Secretaría de Bienestar los recursos y que sería esa institución la que iría distribuyendo los apoyos.
Y se acabó el mes de agosto, y esos 298 millones de pesos “producto de la excelente planeación financiera”, siguen sin aparecer.
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Epílogo.
El DIF estatal ya hizo su parte: anunció que le quitará la camioneta al DIF Municipal de Miahuatlán, unidad que fue utilizada para que personal de aquel ayuntamiento participara en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, en Xalapa. *** Ese mismo personal que utilizó de manera indebida la unidad (entre ellos la síndica Nellyda Bárcena Vitte) agredió a la periodista Verónica Huerta cuando registraba la participación de un vehículo oficial en el acto político. *** Ahora falta que el Órgano Interno de Control en el ayuntamiento, y el Congreso local, actúen en contra de los funcionarios que, es evidente, desviaron recursos públicos. ¿Quién dice “yo”? *** Y como un mensaje para la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) que aseguró que Veracruz era más seguro desde su llegada a ese cargo, en la comunidad Palo Alto, del municipio de Córdoba, fue localizado, en estado de descomposición, maniatado y con huellas de violencia, un hombre de unos 35 años. Nadie lo ha identificado aún.
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