El primer secretario de Salud del actual gobierno estatal, Roberto Ramos Alor, salió “como tapón de sidra” de la administración de Cuitláhuac García luego de evidenciarse que el muy miserable había dejado caducar una gran cantidad de vacunas contra la covid-19, entre otras muchas trapacerías que se cometieron en su gestión, como aquel contrato sin licitación por 36 millones de pesos con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa propiedad de Carlos Lomelí, ex delegado del Bienestar en Jalisco investigado más tarde por cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, y que quiere volver a ser candidato de Morena a la gubernatura de su estado.
Una tras otra se han ido documentando las múltiples irregularidades y desvíos en la Secretaría de Salud, como los contratos asignados de manera directa a 30 empresas de nueva creación y con giros como el de la construcción, venta de mobiliario de oficina e incluso veterinarias, por un monto de 462.4 millones de pesos, revelados durante las comparecencias de 2021.
Otro caso escandaloso fue el de la contratista “fantasma” Araly Rodríguez, una persona física con un domicilio falso en una colonia popular de los suburbios de Xalapa, empleada como prefecta en una escuela de Poza Rica y a quien la Secretaría de Salud le asignó 33 contratos por adjudicación directa por un monto de 62 millones 934 mil 96 pesos, por servicios de los que nunca se presentaron evidencias de haberse prestado.
Este martes, el diputado local Marlon Ramírez volvió a poner el dedo en la llaga de los Servicios de Salud del estado al denunciar otro descomunal desfalco, éste por más de mil 500 millones de pesos en adjudicaciones directas a empresas de reciente creación, personas físicas y beneficiarios de programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
El legislador y dirigente estatal priista explicó que en SESVER se encontraron 160 contratos entre 2019 a 2022 por un monto de mil 87.1 millones de pesos, de los cuales 94 fueron por adjudicación directa por un monto de 315.3 millones, y 66 por invitación por un monto de 771.8 millones.
Detalló que existen 190 contratos con igual número de personas físicas por 506.3 millones de pesos y que otras 44 son beneficiarias de programas sociales con asignaciones por 122.8 millones.
Mencionó casos como el de Bethy Torres Hernández, de 23 años de edad, empleada de SESVER, a quien se le dio un contrato por un millón 92 mil 799.99 pesos; a Misael Carmona Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, le asignaron 22.9 millones de pesos en contratos; así como una lista de personas físicas con contratos para mantenimiento en la pandemia por 136.4 millones de pesos.
Mencionó además el caso de DICIPA, S.A. DE C.V., empresa que fue vetada para recibir contratos en todo el país, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2023, y a la que tan solo cuatro meses después le asignaron contratos por más de siete millones de pesos.
A pesar de que se han sucedido ya tres titulares en la Secretaría de Salud en este gobierno, donde no ha habido cambio alguno es en la Dirección Administrativa, a cargo de un oscuro burócrata de nombre Eduardo Sisniega, quien es el verdadero “mandamás” en la dependencia. Pero en realidad, tampoco es que se mande solo.
Desde que comenzó el sexenio de Cuitláhuac García, la Secretaría de Salud le fue entregada como una especie de “cuota” política a la aspirante zacatecana a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, que hasta la fecha es la que decide los movimientos, los nombramientos y, por supuesto, los “cochupos” al interior de la dependencia.
Tremenda “caja chica” para financiar una campaña.
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