Aunque los documentos estuvieron accesibles desde el pasado 30 de septiembre, este martes tuvo lugar el acto protocolario en el que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entrega al Poder Legislativo los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2022.
Estuvieron presentes en el evento la legisladora presidente de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza; el diputado que encabeza la Comisión de Vigilancia,
Rafael Gustavo Fararoni Magaña, así como la auditora general, Delia González Cobos.
La titular del Orfis detalló los alcances de este exhaustivo trabajo de revisión sobre el uso que dan los entes fiscalizables a los recursos públicos:
“El rigor técnico, la integridad y el profesionalismo de los servidores públicos del Orfis fueron los elementos fundamentales que destacaron durante el desarrollo del proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas, lo que da sustento y certeza a los resultados que se presentan, además de reflejar el compromiso de quienes conformamos este órgano fiscalizador”, expresó.
Por su parte, en su mensaje, el diputado Rafael Fararoni subrayó que cada integrante de la Comisión de Vigilancia trabajó con libertad para manifestar lo que sus representados necesitaban en materia de rendición de cuentas y destacó la colaboración, la coordinación y la disposición entre el Orfis y el Congreso para detallar la información.
“Sin colores partidistas, ni intereses personales (se trabajó), pues ha prevalecido un diálogo franco, que tiene como finalidad conocer la manera en que los entes fiscalizables administran los recursos”.
Con base en el Programa Anual de Auditorías, se eligieron 312 entes fiscalizables, más la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo, a través de pruebas y muestras selectivas, a los cuales se les practicaron mil 230 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las que 619 fueron auditorías integrales y 611 evaluaciones de cumplimiento en materia de legalidad y desempeño, de participación ciudadana, así como revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.
Una vez concluido el procedimiento de fiscalización, se determinó -a través de mil 382 observaciones- que existe la probabilidad de daño patrimonial hasta mil 546 millones 610 mil 792 pesos.
Estas auditorías arrojaron que 31 entes estatales presentaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial, plasmadas en 99 observaciones, por 166 millones 596 mil 635 pesos. Además, otros 52 presentaron inconsistencias de carácter administrativo.
De los entes municipales, se concluyó que ayuntamientos presentaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial hasta por mil 348 millones 611 mil 249 pesos. En 17 municipios se detectaron inconsistencias de carácter administrativo. En diez Entidades Paramunicipales se presentaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 31 millones 402 mil 907 pesos.
Seis Entidades Paramunicipales auditadas presentaron inconsistencias de carácter administrativo.
Ahora viene lo bueno: todos esos entes fiscalizables que hayan recibido observaciones ante probable daño patrimonial deberán presentar la documentación que justifique cada paso que dieron con los recursos públicos, o de lo contrario los expedientes serán turnados a la fiscalía anticorrupción.
De nada valdrán las amenazas o la guerra mediática. Cada observación está sustentada con documentos y los titulares de esos entes observados tendrán que responder por cada centavo que fue mal aplicado.
* * *
Epílogo.
Si algo tiene que admitir la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, es que debe trabajar más en la creatividad, en la imaginación. *** No pudo encontrar argumento más absurdo para justificar el cese de Joana Marlen Bautista Flores de la Dirección de Administración, que el gastado argumento de “una reestructura administrativa”. *** Para empezar, si de verdad hubieran decidido hacer tal “reestructura”, quien la encabezaría sería, precisamente, la titular de esa área. Si de verdad las cosas estaban tan mal como para que “el pleno” del Consejo de la Judicatura acordara cesarla, esas irregularidades deberían estar plasmadas en una denuncia, lo que hasta ahora no ha sucedido. *** La corrieron y las razones las conocen muy pocos, pero esta claro que no fue algo “a lo que no debe darse tanta relevancia”, como la propia magistrada sugiere. El Poder Judicial del estado está pasando por momentos muy complicados en el ámbito financiero, especialmente porque los presidentes que han pasado en los últimos cuatro años no se atrevieron a defender el presupuesto, que les fue recortado de manera arbitraria e ilegal por parte del Ejecutivo. *** La violencia sigue sin freno en la entidad. En el municipio de Cosautlán, en la comunidad Zapata, el pasado lunes fue encontrado el cuerpo sin vida -y decapitado- del agente municipal conocido como “Güicho el Mosco”. El cuerpo mostraba la cabeza desprendida y huellas de tortura. *** de esto nada han dicho las autoridades del estado.
filivargas@gmail.com |
