Alemán Velazco quería que lo sucediera su amigo fraterno Mauro Loyo, un prominente neurocirujano que solamente a él le aceptó servir como secretario de Salud, cargo que al menos dos gobernadores anteriores también le habían ofrecido. Sin embargo, ni Loyo Varela ni su jefe político aguantaron la presión de Fidel, quien amagó con aceptar la invitación de Ricardo Monreal, a la sazón gobernador perredista de Zacatecas, para ser nominado por el partido del sol azteca si el tricolor lo descartaba.
Pero antes de aceptar la postulación del priista cuenqueño, Alemán Velasco todavía jugó su última carta con Tomás Ruiz González, exdirector de Banobras y a la sazón diputado federal muy allegado a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, poderosa lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ruiz González, quien fue el primer titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, tampoco logró desplazar a Herrera Beltrán de las preferencias electorales pues, al igual que pasa ahora con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al gordillista los simpatizantes y aliados de Fidel le desataron una fuerte campaña mediática sobre su dudosa oriundez veracruzana.
Lo etiquetaron de “candidato golondrino” y esparcieron la versión de que no había nacido en Veracruz, sino que presuntamente era originario de Yucatán. Inclusive le atribuyeron al entonces alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel, de haberle conseguido un acta de nacimiento falsa.
No obstante, algunos veteranos políticos sureños del partido tricolor aseguraban que Tomás Ruiz sí tenía sangre veracruzana por una lejana línea de parentesco de uno de sus abuelos ligado familiarmente con el general Miguel Alemán González, un militar que se sumó al movimiento revolucionario en la región de Acayucan y que fue padre del expresidente Miguel Alemán Valdés.
La anecdótica historia de la candidatura de Fidel Herrera viene a cuento porque ahora su hijo Javier, como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –que ha sido aliado del PRI, del PAN y ahora de Morena–, es el principal promotor de Rocío Nahle para la gubernatura de Veracruz, a contracorriente de otros aspirantes morenistas que están impugnando a la ingeniera química zacatecana por incumplir precisamente con dos de los requisitos fundamentales establecidos por la Constitución Política local: haber nacido en la entidad o ser hija de padres veracruzanos.
Este fin de semana, en el puerto de Veracruz, el joven Herrera Borunda se atrevió a declarar que “como padre (Fidel Herrera) me respalda en todo lo que yo haga, pero hay que entender la realidad de Veracruz y ahorita hay una puntera y es Rocío Nahle y vamos a apoyarla”.
– ¿Su papá también apoya a Rocío Nahle?
– Todos, todo Veracruz.
– Pero… ¿su papá como exgobernador?
– Todo Veracruz, (mi papá) es veracruzano.
¿Qué tal? ¡Vaya pragmatismo de la 4T!
INE POSTERGA DECISIÓN
SOBRE PARIDAD DE GÉNERO
Mientras en Xalapa, los integrantes del Consejo Cívico Ciudadano de Veracruz, que agrupa a organizaciones políticas y sociales identificadas con la oposición –cuyos miembros se han reunido con diversos actores políticos, protagonistas de la sucesión, aspirantes y dirigentes de las diferentes fuerzas políticas con presencia estatal– demandaron este lunes a las instancias nacionales del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD), así como al Instituto Nacional Electoral (INE), definir la “acción afirmativa de género para Veracruz, valorando la importancia estratégica de nuestra entidad como cuarto padrón nacional y su impacto en la elección presidencial”, ayer los consejeros electorales, ante la inconformidad de los partidos, acordaron postergar por algunos días la decisión de ordenar a los institutos políticos designar a mujeres en cinco de las nueve candidaturas a las gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se renovarán en el 2024.
Según reseñó anoche en su versión digital el diario Reforma, los representantes partidistas acusaron al INE de asumir facultades que no les corresponden, pretender legislar, castigarlos indebidamente, establecerles fechas para presentar registros o informes sin fundamento o entender a su modo la paridad y la alternancia.
Por casi dos horas, los partidos lanzaron reclamos, y se sumaron las diferencias de los consejeros Uuc-Kib Espadas y Arturo Castillo sobre el proyecto, por lo que las consejeras cedieron a la petición de instalar una mesa de diálogo con los institutos políticos, y reanudar la sesión de las comisiones de Prerrogativas e Igualdad en unos días.
El diario capitalino apuntó que dichos órganos internos del INE discutirían un acuerdo para obligar a los partidos a designar a cinco mujeres en las candidaturas a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno, esto con el argumento de que existe una subrepresentación del sector femenino en los gobiernos estatales.
El brete en que están por meterlos con el reacomodo de candidaturas orillo inclusive a Morena a coincidir con el PAN, PRI y PRD en sus exigencias al Instituto. Todos demandaron que se respete su derecho a la autoorganización, pues si ya establecieron en sus estatutos la paridad y dichos documentos básicos fueron palomeados por la autoridad electoral, entonces, dicen, les deberían de dar libertad de establecerla como ellos quieran y puedan.
También rechazaron que sea el 4 de noviembre cuando los partidos entreguen al INE el informe sobre en qué estados designarán mujeres y por qué, así como sus métodos de elección y cómo medirán la competitividad. Esto porque consideraron que es una fecha muy próxima y aún deben determinar si harán o no alianzas con otros partidos.
Plantearon que las tres entidades (Jalisco, Yucatán y Puebla), de las nuevas en donde habrá elecciones, que ya cuentan con una legislación sobre alternancia o paridad, no sean tomadas en cuenta en el acuerdo y, en consecuencia, únicamente se aplique en seis, y la distribución sea tres mujeres y tres hombres.
“La alternancia no está regulada, al no estar regulada no nos obliga a tener un acatamiento sobre esta figura política. Sí estamos comprometidos, pero conforme a nuestras propias reglas, situaciones y acuerdos que se van teniendo con los demás partidos políticos”, afirmó el representante del PRD, Julio Cisneros.
Por su parte, Álvaro Malvaez, representante del PAN ante las comisiones, recordó que en dos ocasiones la Sala Superior revocó las decisiones del INE en este mismo sentido, por lo que era mejor discutir el proyecto, además calificó como extremo y fuera de legalidad que los OPLES cancelen el registro de aspirantes si no se cumple con la paridad.
A su vez, la diputada Julieta Ramírez, de Morena, aseguró que a su partido no se le puede “regatear nada en cuanto a paridad”, porque tienen un gobierno paritario, una “coordinadora nacional (candidata presidencial)” y desde el 2021 ha designado como candidatas a 12 mujeres y 11 hombres en las gubernaturas.
Sin embargo, advirtió que “se atenta contra la vida interna de nuestro instituto político”, ya que señaló que “el INE supervisa, pero no está facultado para hacer leyes al cuarto para la hora”.
Por ello, su compañero Jaime Castañeda, insistió que a Morena sólo se le pueden exigir cuatro candidatas.
En defensa, las consejeras electorales se dijeron sorprendidas por tantas resistencias, pues pese a las sentencias del Tribunal Federal Electoral, la cuota mínima se ha mantenido en años anteriores.
La consejera Dania Ravel les explicó que, si bien estados como Jalisco, Yucatán y Puebla sí cuentan con una legislación sobre paridad, su redacción no garantiza la alternancia, por lo que no pueden quedar fuera.
Expuso, por ejemplo, que en Puebla no se hizo una ley secundaria; que en Jalisco se deja en manos de lo que “establezca la autoridad competente”, y que en Yucatán sí se prevé la alternancia, pero asegura que los partidos podrán decidir libremente qué género postular en la elección del 2024.
“En consecuencia, las normativas locales no garantizan la alternancia. Resulta necesario establecer criterios para garantizar la paridad. No son decisiones para apoyar al Instituto, sino para cumplir un mandato constitucional”, afirmó.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey planteó que en el acuerdo se estableciera la obligación de designar a una mujer en la Presidencia y a cuatro gubernaturas, para que la paridad fuera cinco y cinco en todo el paquete de Gobierno federal y locales.
Los consejeros Espadas y Castillo coincidieron en que, en ese tema, el Tribunal ha dejado en claro que la paridad en gubernaturas corresponde a los congresos, y el INE no está facultado para decir cuántas.
“No existe en México autoridad facultada para vigilar la llamada paridad horizontal, la alternancia, y no dejaré de insistir, es un criterio, no es un principio. La alternancia no tiene criterio vinculante”, estableció Espadas.
En cambio, Castillo aclaró que él sí estaba de acuerdo en fijar una cuota, pero pedía fundamentar el acuerdo para que no sea rechazado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Según la versión del diario Reforma, la mesa de diálogo se podría instalar en los próximos días, y reanudar la sesión de las comisiones involucradas el viernes o hasta la próxima semana.
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