Ya desde el pasado septiembre legisladores locales y federales, partidos políticos opositores, la Auditoría Superior de la Federación y Pepe Yunes demandaron a Cuitláhuac García explicara el sospechoso destino y fin de las cuentas públicas que al 2022 alcanzaron los 12 mil 497 millones de pesos vía subejercicios, desvíos y cuentas turbias.
Asimismo, poco se sabe de los 9 mil 726 millones de correspondientes a los periodos 2019 al 2021, al igual que las devoluciones a la federación que registra el gobierno.
Pepe Yunes llamó incluso a la Auditoría Superior de la Federación y al ORFIS a aclarar “si en realidad se está depositando el total de recursos a Veracruz o solo es una concertación entre el estado y la Federación debido a que es ilegal la simulación de envíos de recursos en donde el gobierno estatal no debe firmar y después regresar el dinero como subejercicio”.
A la par su partido, el PRI, ha insistido en la presunta red de delincuencia organizada al interior del gobierno del Estado que vincula a funcionarios de la subsecretaria de Finanzas y Planeación, de Salud y de la misma Contraloría del estado.
“Ello, luego de detectar una red de al menos 50 empresas fantasma, que se crearon del 2019 a la fecha”.
Son “empresas patito” que operan y reciben contratos en 18 dependencias del Estado bajo la tutela de Eleazar Guerrero, además de otros que entregaron a 190 personas físicas que obtienen contratos a pesar de que son empleados de familiares de trabajadores de gobierno.
Está comprobado que en Sesver se encontraron 190 contratos para igual número de personas físicas que recibieron un total de 506.3 millones de pesos.
De ese universo, 44 personas físicas ha sido beneficiarias de programas sociales con una asignación de 122.8 millones de pesos.
La colusión involucra a empleados del gobierno.
Misael Carmona Medina, recibió 6 contratos por 22 millones 904 mil pesos.; Diana Valeria Rivera, Valentín Molina López y Eduardo Martínez Montero recibieron 10 contratos y el domicilio de su empresa es falso.
En el caso de Valentín Molina López que recibió contratos por 39.4 millones de pesos reportó como domicilio fiscal la calle Aguascalientes, donde hay una refaccionaria y Eduardo Martínez Montero, de 21 años, logró constituir una empresa en la avenida república 48, donde hay una vivienda.
A jóvenes del programa “Construyendo el Futuro” con menos de 30 años se les dieron 7 contratos millonarios durante dos años, de 2019 a 2020, durante la pandemia para la manutención de equipo médico.
Bethy Torres Hernández, con 23 años, trabajadora de Sesver con estudios de secundaria, con un salario de 16 mil pesos mensuales, recibió un contrato de un millón 92 mil pesos para el servicio de mantenimiento correctivo urgente por contingencia Covid-19 a equipos electromecánicos y electromagnéticos de hospitales en Veracruz.
Además, la Secretaría de Salud dio contratos a la empresa “DICIPA S.A.” que la secretaría de la Función Pública reportó como sancionado. Fueron dos contratos por 4 millones y un millón 310 mil pesos por el suministro de material médico.
La red de delincuencia organizada implica al subdirector de Administración y Finanzas de Sefiplan, el encargado de la Dirección Administrativa de Sesver, Jorge Sisniega Fernández, y la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo.
Salpica además al Poder Judicial.
Hay un olvido intencional en torno al intempestivo cese de la directora de Administración del Tribunal Superior de Justicia, Johana Marlén Bautista, amiga de Eleazar Guerrero, señalada por presunto desvío de 600 millones de pesos.
Esta red de corrupción está atrás del manejo irregular de al menos mil 593 millones de pesos, a través de 18 dependencias y el Poder Judicial, en donde no se descarta que dichas empresas están financiando espectaculares y gastos millonarios para la precampaña de Roció Nahle.
Mientras para el PAN es un hecho la simulación el ejercicio de un dinero público.
“De acuerdo al informe de las finanzas públicas 2022 inexplicablemente fueron devueltos a la Federación tres mil 681 millones de pesos”.
Y para Movimiento Ciudadano, dicha deuda sufrió un desmesurado incremento no pagable antes del 2040 al rebasar los 48 mil millones de pesos.
Su dirigente, Sergio Gil Rullán, ha venido insistiendo en el equívoco del gobernador quien sostuvo la deuda pública había bajado 11 mil millones de pesos.
“Pero, perdón, en sus propias gráficas no hay ninguna disminución de éstos, además -dijo- que se pagaron 6 mil millones de pesos de estas obligaciones que él dice deuda y lo hicieron sacando un crédito, entonces, pagaron un dinero que no tenía intereses”.
Es por ello que Movimiento Ciudadano insiste que Veracruz quedará endeudado los siguientes 40 años.
El problema es que el tiempo se le acaba a Cuitláhuac García quien ya no sabe cómo irse impune y bien cargado.
Tiempo al tiempo.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo
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