De los alcaldes, sólo el suplente fue liberado a los tres meses de su detención y por tanto ha resultado inocente de los delitos señalados contra sus colegas: secuestro y desaparición forzada en un caso y doble secuestro en el otro.
Desde el primero de enero del 2022, al frente del Ayuntamiento lerdense se encuentra la síndica única a quien la LXVI Legislatura designó como presidenta sustituta; a pesar de la liberación del alcalde suplente desde marzo de aquel año, por quien la ciudadanía votó para ocupar el cargo en caso de ausencia del titular, como sucedió.
¿Qué ocurre en Lerdo de Tejada, Veracruz?
Los señalamientos contra los alcaldes corrieron a cargo de la Fiscalía…
La decisión de nombrar a una síndica e impedir el acceso a la silla presidencial del alcalde suplente, pasó por la Secretaría de Gobierno y la Legislatura con el visto bueno del Gobernador…
No es un supuesto de parte del autor de CLAROSCUROS; la afirmación deriva, simplemente, de un conocimiento básico de la ley; el gobernador decide y su secretario de Gobierno opera mientras la Legislatura atiende la petición respectiva y la avala o rechaza con fundamento en la Constitución local.
El rechazo al alcalde suplente se fundamentó en una decisión política.
Es muy simple: si lo capturaron, pero no contaron con pruebas para mantenerlo preso, entonces resultó inocente y sus derechos ciudadanos automáticamente fueron resarcidos, entre ellos el de cumplir con el mandato popular expresado en las urnas.
La decisión de imponer a la síndica evidentemente fue una acción política fuera del orden estrictamente legal y sólo sustentada en algún motivo jurídicamente válido para que el alcalde suplente haya rechazado su arribo al palacio municipal.
En términos de operatividad política, casos como éste se solucionan con una “enfermedad”.
No es el primero ni será el último caso de un político al que se “enferma” por razones políticas.
El caso de Lerdo de Tejada es punto aparte por el contexto que se vive allí desde el año 2020, cuando los policías hoy condenados a 60 años de prisión, desaparecieron a ciudadanos en complicidad o bajo las órdenes de su jefe, el presidente municipal, también preso y en espera de su condena.
El último capítulo de esta historia ha ocurrido el pasado fin de semana con el entierro de Brandon de Jesús Arellano Cruz, el joven asesinado la noche del viernes por un policía estatal destacamentado en Lerdo de Tejada.
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Ya lo referí, pero lo puntualizo: además del Ayuntamiento, la Secretaría de Gobierno, la Legislatura y el Gobierno del estado, en la historia sobre lo que ocurre en Lerdo de Tejada aparecen la policía municipal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y, a partir de esta semana la Guardia Nacional y las fuerzas armadas a quienes se les ha enviado a resguardar la seguridad en un municipio con elementos de Estado fallido.
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Este concepto, el de Estado fallido, posee un significado tan profundo como grave.
La referencia es a la falla absoluta de la estructura de gobierno -en sus niveles estatal y municipal- en la continuidad y construcción de la gobernabilidad en un territorio específico: el del municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz.
La falla política se muestra con la ausencia de gobernabilidad de la síndica convertida en alcaldesa -sin haber sido votada para ello- cuya reacción a la protesta popular tras el asesinato de Brandon de Jesús Arrellano Cruz, que incluyó incendios de patrullas y el palacio municipal e intento de linchamiento contra los policías entre quienes se hallaba el señalado de asesino, consistió en acusar acciones políticas en su contra.
La torpeza política e insensibilidad al más alto nivel por parte de la alcaldesa impuesta, María Esther Arróniz López, apenas da una pista en torno a su papel en la tragedia que envuelve a Lerdo de Tejada.
El profesor Delfino Arellano, padre de Brandon de Jesús, acusó actos de intimidación y persecución contra su hijo y otros jóvenes de Lerdo, por parte de los elementos policiacos adscritos a esta población.
Con los antecedentes de inseguridad padecidos por sus gobernados, ante la queja dada a conocer -Delfino Arellano dixit- aunado al caso de la detención del líder ganadero de Playa Vicente, Cristian Manuel Vázquez Feria, a quien se llevó -desde Lerdo de Tejada- a la cárcel estatal de Pacho Viejo en agosto pasado… ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó la síndica electa y alcaldesa impuesta?
¿Pidió un diálogo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para informar de las condiciones de inseguridad en su municipio?
¿Acudió ante el secretario de Seguridad Pública o a la oficina del secretario de Gobierno para informar sobre los señalamientos ciudadanos respecto de la policía enviada para ayudarle, pero decantada al abuso?
Gobernar es un ejercicio de inteligencia al más alto nivel posible, sumado al manejo detallado de la información en materia política, de seguridad, gobernabilidad, hechos cotidianos fuera de la ley, atención directa a los jefes de colonias, de comunidades rurales sobre sus requerimientos en obra, servicios, vigilancia del adecuado manejo del presupuesto.
Gobernar es ejercer el diálogo como herramienta y la astucia como instrumento para estar consciente de que se llega a un cargo edilicio para ejercer el poder con responsabilidad.
La síndica convertida en presidenta impuesta falló y quienes le otorgaron un poder no validado en las urnas electorales, cometieron un grave error cuyas consecuencias han resultado funestas.
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En concreto: en Lerdo de Tejada ocurre un cóctel donde se mezclan la ineficacia, el abuso del poder, la irresponsabilidad y complicidad entre autoridades de los niveles municipales y estatales; también de autoridades castrenses, es decir federales, porque las mesas diarias de coordinación para la paz donde participan las fuerzas armadas, comparten y analizan al alimón toda la información puesta en sus manos sobre el desenvolvimiento de municipios, distritos, zonas, regiones, en materia de seguridad y focos de violencia.
En Lerdo de Tejada la delincuencia incrementó su presencia; la policía se convirtió en parte del crimen organizado; la clase política violó la ley y delinquió; el Estado de derecho naufragó y la ciudadanía lo ha pagado con vidas.
¿Entre los años 2020 y 2023, más lo que va del 2024, nadie fue capaz de detectar el foco de descontrol gubernamental, social, político, de inseguridad creciente en Lerdo de Tejada?
¿Nadie pudo elaborar un mapa conceptual, un mapa mental, un resumen de indicadores que permitiera visualizar, en prospectiva, la tragedia incubada en un Lerdo de Tejada que era -y es- una bomba a punto de estallar en cualquier momento?
Estoy seguro que sí lo vieron, lo detectaron, lo informaron; pero se impuso la política del dejar hacer, dejar pasar, combinada con la lucha entre liderazgos, figuras con poder, grupos y personajes empecinados en hacer del proceso electoral 2024 su botín personal.
Brandon de Jesús Arrellano Cruz es una víctima más de esa condición de Estado fallido.
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Los nombres y apellidos de los responsables de esta tragedia han sido expuestos en la primera parte de este artículo.
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Remito a una columna y un artículo cuyos contenidos nutren este andamiaje argumentativo.
El periodista Silverio Quevedo Elox escribe: “Lerdo, de ring político entre políticos a la tragedia”.
Ahí el también presidente de la Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), ofrece detalles sobre una denuncia por amenazas que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, hizo contra la estructura de seguridad del propio gobierno estatal, en el contexto de la lucha política que en Lerdo de Tejada condujo al encarcelamiento del alcalde electo y su suplente en el 2021.
Quevedo Elox apunta hacia la secretaría de Gobierno de aquel momento, como fuente del ataque contra Gómez Cazarín.
Su texto se publicó en la agencia Imagen del Golfo.
Por su parte el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, publicó en el diario El Universal, un texto titulado: ¿Y si ganan la guerra?
Ahí se lee:
“Cuando aludo a un posible triunfo de la delincuencia sobre el Estado, no me refiero a una situación caracterizada por marchas, armisticios u otras representaciones semejantes. Tampoco a la ocupación directa de la titularidad de los cargos públicos. Me refiero a algo más ordinario, pero no por ello menos grave. Esto considerando la ocupación por los grupos ilícitos armados de amplias y distintas zonas del país, así como el ejercicio de una parte de las tareas que solemos considerar propias del Estado. Así, por ejemplo, el derecho cobro de piso como equivalente a los impuestos, el pago de protección asemejado a los derechos, la realización directa de la justicia sobre las personas conforme a las reglas impuestas por los delincuentes, o el ejercicio monopólico de ciertas actividades y del suministro de bienes.”
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Un testigo y conspicuo lector de CLAROSCUROS, compartió el dato: Cristian Manuel Vázquez Feria, el líder ganadero de Playa Vicente asesinado la madrugada del domingo pasado en la comunidad de Arroyo Zacate, estuvo en Acayucan la mañana del miércoles 17 de enero; es decir hace una semana.
Se le vio en uno de los espacios donde José Yunes Zorrilla, candidato de Fuerza y Corazón de Veracruz a la gubernatura, llevó a cabo su gira proselitista durante aquella jornada.
No se encontró con Yunes Zorrilla porque Cristian se marchó antes; sólo estaba ahí, en uno de los espacios donde militantes del PAN, el PRI y el PRD, así como simpatizantes, acabarían recibiendo a su abanderado. |
