La presencia del Ejército en las casillas era tradicional en México, desde el final de la Revolución y hasta 1988 los militares cuidaban el orden en las casillas, dándole al hecho de ejercer el derecho al sufragio un rango de solemnidad y respeto. Con el pretexto de dar certeza y “ciudadanizar” el proceso electoral, se retiró a los militares de este resguardo, que significaba, al mismo tiempo, protección, -porque los antecedentes desde principios del siglo pasado, en las elecciones estuvieron marcados por la violencia-, y solemnidad.
Así se decidió separar las funciones militares de las electorales para fortalecer la imparcialidad y la confianza en el sistema. Fue así como se dio paso a una mayor autonomía de los organismos electorales civiles y se limitó la intervención militar en las elecciones.
El origen de los procesos electores en México se remonta a la época independentista con la creación del Congreso de Anáhuac, llamado Congreso de Chilpancingo, en donde se reconoció que el pueblo mexicano tenía el derecho y libertad de elegir a sus representantes sin la intervención de una autoridad extranjera, puesto que la soberanía residía en la voluntad de la masa de la nación. Desde ese entonces los uniformados acompañaron las jornadas electorales, resguardaron las boletas, responsabilidad que siempre han tenido, y vigilaban el orden en las casillas. Una vez concluidas las elecciones, resguardaban las actas hasta las oficinas del distrito correspondiente, donde eran recibidas por las autoridades electorales.
La necesidad de darle credibilidad a los resultados electorales, que derivó en la responsabilidad civil de todos los actos relacionados con los comicios, hizo a un lado a los militares, los expulsó de las elecciones y los alejó de las urnas; sin embargo, esto no quiere decir que su presencia deba continuar alejada del orden y la solemnidad, sino de la certeza y la seguridad de los ciudadanos.
Ahora, los encargados de la organización del debate, informaron que el Gobierno Federal asignó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional para que garanticen el resguardo de las instalaciones del INE, la entrada y salida de las candidaturas presidenciales, el acceso de invitados y medios de comunicación, y las inmediaciones de la zona.
El rumor que se filtró desde hace cinco años sobre la supuesta militarización del país, contribuyó a que se pensara en los militares como entes extraños no sólo a las votaciones sino a la democracia. El surgimiento de las dictaduras militares en América Latina de los años 70 y 80, también contribuyeron a pensar que los soldados mientras más lejos de los ciudadanos estuvieran la democracia era más sólida.
Los soldados mexicanos han demostrado solidaridad con la población y fidelidad con el mando civil. En los desastres naturales son quienes ponen en peligro sus vidas para salvar la de los demás. Las críticas sobre la militarización del país debido a que realizan tareas de ingeniería, arquitectura, aeronáutica, fiscales, construcción, vigilancia, etc., todavía no encuentran la diferencia entre contribución militar a la vida cotidiana de un movimiento social y represión. Porque la militarización es el control de los militares de la vida social de un país, pero ante la ceguera que impone el resentimiento y la necesidad de mantenerse frente a los reflectores, la persistencia de llamar militarización a la ayuda de los militares en la transformación del país impera y ahora arroja como prueba una sorpresa inexplicable ante una actividad que fue tradicional en México.
Los militares dejaron de cuidar las urnas desde hace aproximadamente 40 años, para dar lugar a la presencia total de la población, con el objetivo de hacer responsables a la ciudadanía de la democracia. Ante la inseguridad, frente a lo incierto, la presencia de los militares no debe asustar a nadie, simplemente previene males mayores.
Pero la violencia contra la democracia no siempre viene de afuera de las oficinas del INE sino de adentro, el titular del Órgano Interno de Control, Luis Oswaldo Peralta Rivera, señaló que se detectaron irregularidades por más de 400 millones de pesos durante la administración del ex presidente consejero Lorenzo Córdova. “Hay denuncias en curso; no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que si es derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia', dijo el auditor interno.
Informó que una de las irregularidades se dio antes de la salida de Lorenzo Córdoba, cuando se llevó a la Junta General Ejecutiva la propuesta para realizar un proyecto llamado “Memoria de Gestión Institucional 2014-2023”, el cual tenía como finalidad hacer un informe de toda la gestión del ex presidente con una inversión de 11 millones 614 mil pesos, pero al final no fue así, sino se firmó contratos para asesorías a servidores del INE.
El auditor comentó -en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados- que tras estas investigaciones si se encontraran responsabilidades administrativas en los servidores públicos que aún están en el INE, estos podrían ser destituidos e inhabilitados, pero en el caso de ex servidores “ya no podemos más que amonestar para efecto de registro, pero no podemos destituir”.
Aunque por lo menos debería señalarse a los responsables con nombre y apellido, ya que la impunidad en el INE es un agravio a la democracia y si las leyes perdonan a los ex funcionarios que la memoria sea la que los condene.
Porque es precisamente la memoria que nos dicta que los militares están al servicio de la población, lo han demostrados desde hace mucho tiempo, las épocas de represión de soldados contra civiles son cosa del pasado, y si bien nadie quiere volver a vivirlas tampoco deben olvidarse.
Los militares retornan a garantizar la democracia, resguardan los derechos de los mexicanos.
PEGA Y CORRE.- La defensa de la democracia ha llevado a México a ser respetuoso en las decisiones de política interna de los países vecinos. Aunque en los últimos tres años ha habido roces diplomáticos con tres países donde se ha desestabilizado el orden constitucional de manera violenta y democrático de manera legaloide, como es el caso de Bolivia, Perú y, recientemente Ecuador…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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