“No es un asunto menor”, como suele decir con frecuencia un gran amigo.
Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del frente opositor al Senado de la República en la primera fórmula, advirtió que el gobierno estatal iniciará muy pronto una persecución judicial contra ocho candidatos que llevan las banderas de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz”.
En conferencia de prensa, la mañana de este domingo, Miguel Ángel Yunes Márquez adelantó que entre esos candidatos a los que perseguirá el gobierno de Cuitláhuac García está incluido él, además de otras personas de las que prefirió omitir sus nombres por su seguridad.
“Han iniciado una persecución judicial contra quienes saben que les vamos a ganar. Nos quieren quitar las candidaturas y meternos a la cárcel para que no sigamos denunciando en las calles la corrupción y el pésimo gobierno de Morena. Cuando menos ocho de quienes somos candidatas y candidatos enfrentamos hoy la amenaza de que seremos detenidos en los próximos días para impedir que les ganemos las elecciones”, dijo.
Y la versión tiene bastante sustento. Ha sido una práctica común de la actual administración estatal, la de utilizar los aparatos de justicia para reprimir a sus enemigos… a los de enfrente, pero también a los de casa.
¿Enemigos internos? Ahí está el caso de José Manuel del Río Virgen, en aquel entonces el más cercano colaborador del senador Ricardo Monreal, contra quien Cuitláhuac García emprendió una campaña que obligó a intervenir al propio presidente López Obrador, para recordarles que “el enemigo no está en casa y que, si no podían ser los mejores amigos, al menos los hermanara el proyecto transformador que él había iniciado.
¿Enemigos externos? Buen es sabido que el objetivo de Cuitláhuac García ha sido meter a la cárcel a alguien de la familia Yunes (los de El Estero) y que la mejor forma de congraciarse con la candidata de Morena Rocío Nahle (quien ya se cansó de acusarlo con el presidente porque “no apoya”) es “operar” la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la que todo el momento han dado por perdida.
Y no olvidemos cuando el entonces secretario de Gobierno, Éric Cisneros, decía “traer” al dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, y para ayudarlo a ganar la elección interna del partido albiazul, le inventaron delitos a su rival, el doctor Tito Delfín Cano, y cuando ya no pudieron sostener la denuncia inicial, le iniciaron otra carpeta de investigación y consiguieron -porque para ellos es lo más fácil- una nueva orden de aprehensión.
Algo parecido sucedió con Rogelio Franco, al que intentaron detener a pesar de que contaba con la protección de un amparo y, en consecuencia, le aplicaron la de “ultrajes a la autoridad”. De ahí en adelante, hasta la fecha, la han seguido abriendo procesos para evitar que consiga su libertad.
O el caso del juez Florencio Hernández Espinoza, capturado y mantenido en prisión, por haber cometido el pecado de dictar una sentencia que afectaba a familiares de una funcionaria del gobierno estatal, muy cercano a Cuitláhuac García.
Por incurrir en esos abusos, hay recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que Cuitláhuac García ha ignorado, y la propia titular de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, ha sido incapaz de convencer al presidente de que se imponga un correctivo al gobernador veracruzano.
Por fortuna los expedientes siguen ahí y no prescriben pronto, por lo que, una vez fuera de palacio de gobierno, el ingeniero García deberá rendir cuentas ante la ley.
La postura de Miguel Ángel Yunes Márquez fue ayer y ha sido siempre la misma:
“Desde aquí les mandamos un mensaje a Cuitláhuac y a quien ordenó esta persecución. Con nosotros se equivocan, no les tenemos miedo a sus amenazas, a su persecución ni a la cárcel. Aquí, en esta coalición hay mujeres y hombres limpios y dignos que seguiremos en la lucha desde cualquier sitio hasta sacarlos del gobierno. Que escuchen bien los autores de la amenaza, sabemos bien quienes son y qué quieren hacer”.
En una de esas, aunque sea por unos meses, Cuitláhuac García comparte celda con su patrocinador, Javier Duarte.
* * *
Epílogo.
Es evidente que, producto de acuerdos políticos, el actual gobierno ha decidido mandar al archivo la investigación sobre el homicidio de la periodista María Elena Ferral. *** Es sabido que el sujeto señalado como autor intelectual del crimen (el que ordenó la ejecución) ha pactado con el gobierno de Cuitláhuac García, a cambio de impunidad. *** El legislador del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila, un aliado de Morena, admitió que la justicia en Veracruz ha decidido “darle carpetazo” a ese tema. *** “Difícilmente le dan seguimiento para conocer a los responsables, y si hubo evidencia y hubo testigos y más, pues esos testigos probablemente ya ni estén. Para nosotros cuando la fiscalía rehúye o un juez regresa todo a la Fiscalía, pues es un tipo carpetazo”. *** Durante el desfile por el Día del Trabajo, María Fernanda de Luna Ferral, hija de la víctima, dio a conocer que el proceso por el homicidio de su madre fue regresado al juzgado de origen por la incapacidad de las autoridades. *** Explicó que el personal de la Fiscalía no se presentó a dos audiencias, y por ello se anuló el proceso y se ordenó reponerlo, es decir que tendrán que presentar de nueva cuenta pruebas en contra de los acusados. *** El legislador del PT pidió que la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado hagan público el procedimiento que se lleva a cabo: “saber por qué toma esta determinación el juez, cuál fue el motivo para que un juez haya determinado que se regrese y se reponga todo el procedimiento de una investigación que tiene más de tres años”.
filivargas@gmail.com |
