La decisión del gobernador Cuitláhuac García de desaparecer la corporación “Fuerza Civil de Veracruz” abre una larga lista de cuestionamientos que deben ser respondidos por el titular del Poder Ejecutivo, máxima autoridad en materia de seguridad pública en la entidad.
¿En qué momento se convenció el gobernador de que la Fuerza Civil debería desaparecer?
¿Antes del enfrentamiento con pobladores de Totalco que costó la vida a dos ciudadanos? Si fue así, ¿¿qué esperaba para desintegrar esa corporación? ¿Necesitaban que hubiera muertos?
¿Fue el enfrentamiento de los elementos de la Fuerza Civil con el personal de la Guardia Nacional?
La Fuerza Civil fue creada hace 10 años, durante el gobierno de Javier Duarte y presentada como “un grupo especial de operaciones que reforzará las acciones de la policía estatal con un esquema de trabajo conjunto para responder a las necesidades de cada región”.
Era -se dijo en octubre del 2014- “un nuevo agrupamiento táctico y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que reforzará todos los programas vigentes en el estado”.
Los dos mil elementos que conformaron hace 10 años la Fuerza Civil recibieron adiestramiento de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de la Policía Federal. Además, recibieron cursos en Estados Unidos, Francia, España, Guatemala, Belice, El Salvador, República Checa, Israel, Italia y Canadá.
A la puesta en marcha de esta corporación, hace una década, acudió el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien se le informó que se trataba de elementos que recibieron “la más alta capacitación para desactivar explosivos”, expertos francotiradores, montañistas y rescatistas. “La Fuerza Civil cuenta con plataformas de comunicación, armamento y tecnología para actuar y responder de manera inmediata ante situaciones específicas”, se informó.
Aunque ha habido momentos en los que la Fuerza Civil ha demostrado sus altos estándares en combate (aquel enfrentamiento con un grupo de la delincuencia organizada, en las calles de Orizaba, en septiembre del 2022, por ejemplo) también se ha sabido de los abusos que con frecuencia cometen, el más reciente, fue el ataque a pobladores de la comunidad de Totalco, en Perote, que dejó como saldo dos ciudadanos fallecidos.
Más interrogantes para el gobierno estatal:
¿Quién realizará las tareas que estaban asignadas a la Fuerza Civil?
El comunicado advierte que “los derechos laborales de los elementos (se entiende que de los que integraban la Fuerza Civil) así como los laborales del personal administrativo se preservarán”.
¿Se entiende, entonces que, al ser adscritos a la Dirección Operativa de Seguridad Pública, los elementos que estaban asignados a la Fuerza Civil seguirán realizando las mismas tareas, sólo que ahora bajo otro mando y portando el uniforme azul de la policía estatal?
Suena a gatopardismo (cambiar para seguir igual).
Y a todo esto: ¿quién ordenó a la Fuerza Civil que desalojara a los pobladores de Totalco? ¿Por qué decidieron actuar, a pesar de que los manifestantes ya dialogaban con personal de la Guardia Nacional, institución responsable de la vigilancia en vías de comunicación federales, como era el caso?
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Epílogo.
Cayó bien el anuncio por parte de Rocío Nahle, de que el cardiólogo misanteco Valentín Herrera Alarcón será el próximo secretario de Salud. Se le conoce por su destacado desempeño al frente de centros hospitalarios y por sus amplios conocimientos en el ramo de la cardiología. *** El proceso electoral no ha concluido. La Junta Local Ejecutiva del INE recibió 58 recursos de inconformidad por las elecciones federal de Presidente de la República, senadores y diputados, los cuales fueron turnados a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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