Por el abierto e incondicional apoyo que el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, le manifestó a Rocío Nahle desde antes de que fuera designada oficialmente coordinadora de los comités para la defensa de la 4T en Veracruz, todo mundo suponía que la ahora gobernadora electa de Morena le correspondería políticamente con la misma generosidad al diputado oriundo de Hueyapan de Ocampo, de quien primero se esperaba que fuera el coordinador de su campaña electoral para luego, tras el aplastante triunfo en las urnas, lo considerara para la Secretaría de Gobierno o en algún otro cargo estelar en su gabinete estatal.

Ha trascendido que Nahle le habría ofrecido la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, pero que de manera muy diplomática Cazarín la rechazó. Entonces, la virtual gobernadora se la ofreció al diputado local de Ciudad Mendoza, Luis Arturo Santiago Martínez, a quien en septiembre de 2022 Cazarín destituyó como presidente de la Comisión de Vigilancia por supuestas denuncias de tres ex alcaldes que lo acusaron de pedirles millonarios “moches” para “limpiar” sus cuentas públicas, y, en su lugar, impuso al jovencito Rafael Gustavo Fararoni Magaña, diputado por San Andrés Tuxtla, su paisano incondicional. 

Allegados al todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado comentan que luego de que Nahle anunció públicamente que el alcalde xalapeño Ricardo Ahued sería el titular de la Segob, entonces Cazarín puso la mirada en la Delegación de la Secretaría del Bienestar, que maneja los millonarios programas sociales y cuenta con una estructura de millares de Servidores de la Nación que a la vez funcionan como operadores electorales y que el pasado 2 de junio contribuyeron a la contundente victoria de su ex jefe Manuel Huerta como candidato al Senado, así como a la de los demás abanderados de Morena que se llevaron carro completo. Sin embargo, en las puertas que tocó en la capital del país se la negaron. ¿Por qué? Obviamente porque no tenía la aprobación de la futura gobernadora, quien se presume colocará ahí a un estratega político de su absoluta confianza para maniobrar en los comicios municipales de 2025.

Supuestamente le prometieron la Delegación de la Secretaría de Gobernación, pues así lo han difundido ya sus voceros, fantaseando que será, ni más ni menos, que “el interlocutor personal del Gobierno Federal con el Gobierno del Estado en Veracruz y la Ciudad de México” y remarcando que será “el representante personal” de la presidenta electa Claudia Sheinbaum con la propia gobernadora Rocío Nahle, como si ambas mandatarias, amigas y correligionarias necesitaran de un intermediario.  

De concretarse este nombramiento, los porristas de Cazarín ya anticipan que el hijo predilecto de Hueyapan de Ocampo la convertirá en “la nueva súper delegación estatal”, pues nos dicen que en la actualidad la representación oficial de la Secretaría de Gobernación en la entidad veracruzana ya no es Delegación sino Jefatura y solamente cuenta con ocho empleados.

¿Por qué la aparente desconfianza de Nahle a pesar de todo el apoyo que Cazarín le acaba de dar, combatiendo incluso al clan de los Yunes del PAN? ¿Qué intrigas o expedientes secretos le habrán hecho llegar? ¿Qué le habrán informado en sus recorridos de campaña los alcaldes de Morena y de la oposición a los que el líder del Congreso local “convenció” para que se sumaran a la candidatura de la ex secretaria de Energía?

¿O… acaso Nahle le guardará algún sentimiento porque a principios de noviembre de 2018 se confabuló con Eric Cisneros –el desterrado ex operador político de la entonces senadora–, el cual estaba por ocupar la Secretaría de Gobierno en el gabinete estatal de Cuitláhuac García y maniobró para impedir que el actual alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, continuara como coordinador del grupo legislativo de Morena, lo que dividió a la bancada del partido guinda y obligó a que la perfilada secretaria de Energía persuadiera al abogado y ex diputado federal sureño, su aliado, para que dejara pasar al candidato de Cisneros Burgos, con el que, por cierto, Cazarín también terminó muy confrontado y distanciado por el acoso policiaco y persecución penal que el entonces titular de la Segob operó a través de la Secretaria de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado en contra de algunos de sus familiares y presuntos socios, como el alcalde electo de Lerdo de Tejada, el ex candidato morenista Jorge Fabián Cárdenas Sosa, dueño del ingenio San Francisco “El Naranjal”, a quien en diciembre de 2021 se le impidió tomar posesión como presidente municipal al ser aprehendido y procesado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y por el delito de secuestro que se le imputó?