Apenas la semana pasada la gobernadora electa mandó una señal contundente: aquellos de su equipo que participan en los procedimientos de transición del gobierno podrían incurrir en responsabilidades si no vigilan con cuidado las condiciones en las que se está recibiendo la administración estatal.
El aviso no fue una mera ocurrencia. A Rocío Nahle le ha llegado información de que algunos de sus colaboradores se quieren pasar de listos y estarían buscando acuerdos “en lo oscurito” con los funcionarios salientes, para que la entrega-recepción quede plasmada en los mejores términos.
A cinco semanas de que se concrete el relevo en el gobierno estatal, a la gobernadora electa sólo le falta definir quién será su secretario de Seguridad Pública. Adelantó, sin embargo, que esa designación saldrá de un análisis detallado que hará con el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch.
No será, pues, alguien del equipo cercano a la gobernadora y, por lo tanto, la confianza se irá construyendo en el ejercicio cotidiano del servicio público.
Es, quizá, por eso, por lo que en el último año de la actual administración estatal se están realizando compras de patrullas para Seguridad Pública. Con justa razón habrá quien opine que el combate a la delincuencia no sabe de tiempos políticos y si ahora se requieren esas unidades, se tendrán que comprar.
Y tal vez tengan razón, sólo que hay que analizar con un poco de curiosidad las condiciones en las que se están dando estas compras.
Se trata de más de 80 unidades, adquiridas por adjudicación directa (esto es, sin licitación) a una agencia automotriz… de Zacatecas.
Todas esas unidades fueros contratadas con la empresa Automóviles CGE de Zacatecas. Y no es que despierte suspicacia que dicha agencia esté asentada justo en el estado de origen de la próxima gobernadora de Veracruz.
No, lo grave de que se haya seleccionado a esa empresa, es que se trata de una de las firmas que están siendo utilizadas para evadir la inhabilitación que la Secretaria de la Función Pública (SFP) aplicó a Jet Van Car Rental.
En enero de 2021, la SFP inhabilitó por incumplimiento de contrato a la empresa Jet Van Car Rental, lo que -sin embargo- no fue impedimento para que su principal socio Cuauhtémoc Velázquez García siguiera ganando contratos a través de otras firmas, una de ellas es Automóviles CGE de Zacatecas SA de CV.
Hace un par de años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le concedió 6 contratos por adjudicación directa por un monto superior a los mil millones de pesos para la adquisición de una flotilla de camionetas tipo pick up.
Los dueños de la inhabilitada arrendadora Jet Van Car, Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, ampliaron su presencia en el mercado con al menos cuatro empresas que de inmediato se destacaron como proveedoras de gobierno.
Las empresas son: Automóviles CGE de Zacatecas, SA de CV, constituida en octubre de 2019 en Aguascalientes, Aguascalientes; CGE Automotriz, SA de CV, creada y registrada en agosto de 2018 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; Rin Automotriz, SA de CV, fundada en junio de 2016, también en Aguascalientes, Aguascalientes, y Vehículos AAA, SA de CV, empresa que se inscribió en agosto de 2018 con domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Cuauhtémoc Velázquez García aparece como presidente y representante de Automóviles CGE de Zacatecas, SA de CV, y apoderado y accionista de CGE Automotriz, SA de CV, empresa que adquirió en 2019 a través de la transferencia de acciones y en la que Teresa López (su socia en Jet Van Car) participa como administradora única.
Bueno, pues a ese multimillonario negocio se sumó el gobierno de Veracruz. ¿Le habrá informado el Director de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Ulises Landa, a la próxima gobernadora sobre esas lucrativas transacciones?
Muy pronto lo sabremos.
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Epílogo.
El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, no quiere soltar la ubre. *** Envió al Congreso del Estado una iniciativa para “actualizar” la Ley Orgánica de esa institución y, entre otros cambios, desapareció el límite de edad para quienes ocupen la Rectoría. *** Aguilar Sánchez está en su primer período como rector y podría aspirar a uno más, pero ya no le da la edad. *** El artículo 37 de la actual Ley Orgánica de la UV establece, en su fracción segunda, que para ser rector se requiere “ser mayor de 30 y menor de 65 años al momento de su designación”. El actual rector nació el 23 de julio de 1958, por lo que en estos momentos rebasa (tiene 66 años) la edad límite que establece la Ley. *** Todos los demás argumentos son meros distractores, lo único que él quiere es seguir otros cuatro años viviendo del erario.
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