El mediocre y tendencioso desempeño de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el argumento más sólido para impulsar la destitución (o “renuncia”, para que no suene tan feo) de su titular Verónica Hernández.
Es recurrente el uso de burdas trampas jurídicas para mantener en prisión, por consigna, a ciudadanos que les resultan incómodos.
La práctica más común es abrirles nuevas carpetas de investigación, cargadas de infundios, que no se sostienen frente a una sencilla defensa, pero que retrasan la obligada liberación de gente que ha pasado largo tiempo en la cárcel a pesar de su inocencia.
Ese es el caso del comandante Antonio Rodríguez Hernández, quien pasó en prisión 15 meses, acusado cohecho (delito que no amerita privación de la libertad) con un montaje que le armaron Marco Antonio Montiel Pérez (comandante de la Policía Ministerial) y el policía José Carlos García Cárdenas.
La treta fue realmente burda: se inventaron una historia fantástica y manipularon a una persona de avanzada edad, campesino y con muy baja escolaridad, para que afirmara que el detenido le había obligado a entregarle tres mil pesos, que los mismos policías ministeriales sacaron de sus carteras para exhibirlos.
Luego de un exhaustivo trabajo jurídico, los abogados Tomás Mundo y Wenceslao Solano llevaron ante el juez los elementos de prueba para demostrar que fue injusta la privación de la libertad de Antonio Rodríguez.
El juzgador tomó en consideración lo consignado en la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la obligación constitucional de respetar los Derechos Humanos.
Basado en los estándares de prueba y en el test de proporcionalidad, modificó la medida cautelar de prisión por otra menos lesiva.
Aun así, la Fiscalía pretendió mantener en prisión a Antonio Rodríguez, fabricando una nueva carpeta por “amenazas”, que no se sostuvo, pues fue evidente que se inventaron una llamada, desde un teléfono celular ajeno al imputado.
Los abogados que consiguieron la liberación de Antonio Rodríguez informaron que están en el análisis de la conducta -probablemente delictiva- de los fiscales que intervinieron y mantuvieron en prisión de manera ilícita comandante Antonio Rodríguez.
¿Actuaron solos? ¿Lo hicieron bajo consigna? ¿Quién se los ordenó?
Todo eso va a salir a la luz pública y muchos tendrán que rendir cuentas en tribunales.
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Epílogo.
El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta -dicen- ordenó tajante a sus secretarias: “¡no estoy para ningún alcalde!”. *** Y es que desde que se conoció la instrucción de la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde (“ningún alcalde heredará su cargo en Veracruz), empezaron a llover las llamadas de presidentes municipales iracundos, que el año pasado “compraron” la designación de relevo y que -ahora se enteran- fueron engañados por el comité estatal. *** Es el momento de hacer cuentas y, en todo caso, compensar a quienes “cooperaron” con la campaña del 2024… siempre y cuando ese recurso haya llegado a su destino original.
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