Fue en julio del año pasado, ya habían pasado las elecciones y en este mismo espacio se presentó, de manera exclusiva, una carpeta que llegó hasta las manos de la entonces gobernadora electa, Rocío Nahle, acerca de las áreas a las que debería poner especial atención en el momento de recibir la administración estatal.
En el ámbito educativo, en dicha carpeta se hablaba ampliamente sobre aquellos casos que le podrían generar problemas políticos y sociales.
El diagnóstico fue certero.
“Ese es el caso de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar quien realiza jugosos negocios, todos ilícitos, desde su posición en el gobierno estatal”, se mencionó en esta columna aquel 21 de julio.
En aquella colaboración que los documentos entregados a Rocío Nahle “llaman la atención sobre ‘ingresos no reportados’ cuyo origen sería la explotación de las concesiones para la operación de cafeterías y tiendas en los planteles escolares”.
Y daban más detalles: “los pagos (para la asignación de esas concesiones) oscilan entre los 5 mil y 80 mil pesos, dependiendo del tamaño del plantel y del número de estudiantes. Wulfrano Rodríguez Oceguera (secretario particular de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar) es el responsable de asignar los permisos de las tiendas escolares”.
Para que la gobernadora electa se hiciera una idea más clara de las dimensiones de este latrocinio, los documentos le hacen notar que esa práctica -la venta de concesiones para cafeterías- se presentaba en todos los niveles, esto es: desde Preescolar hasta Tecnológicos, pasando por Primaria, Secundaria y Bachillerato: “Hay 22 mil 840 planteles y se utilizan ‘licitaciones de concesión’, pero no se reportan a la Secretaría de Finanzas esos ingresos”, apuntaba ese informe.
Por todo ello, causó mucha sorpresa que Maritza Ramírez fuera ratificada por Rocío Nahle en la Subsecretaría de Educación Básica.
“Hay un compromiso con ella. Tiene una estructura electoral muy fuerte en Los Tuxtlas y trabajó para impulsar el voto por la gobernadora”, me explicaron.
“De todas formas no estará mucho tiempo ahí, pues se irá a competir por la alcaldía de su tierra”, me aseguraron.
Pero sucedió que, al iniciar la presente semana, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que el candidato a la alcaldía por San Andrés Tuxtla será Rafael Fararoni, diputado local por aquel Distrito.
Y justo cuando se daba a conocer esa noticia, empezó a circular, primero en redes sociales y después en portales de noticias, una exhaustiva investigación en la que se ven involucrados colaboradores muy cercanos de la subsecretaria, dedicados a la “cosecha” de nóminas falsas (“aviadores”). Personas que reciben una mínima comisión (a razón de 1,300 pesos a cambio de devolver más de 18 mil pesos que ingresan en sus cuentas bancarias).
Imagine usted eso, pero con centenares de personas.
No es una práctica nueva. En los tiempos de los peores gobiernos priistas ya se hacía, pero no eran tan rústicos. Se enviaba a la institución bancaria una relación de cuentas individuales, con la instrucción de que cada centavo que cayera en ellas se transfiriera de manera automática a una “cuenta concentradora”, desde donde se retiraba el recurso en efectivo, para borrar cualquier huella.
No hay duda de que Maritza Ramírez se convirtió en el “eslabón más débil” de esa guerra que se vive actualmente por el control de la Secretaría de Educación, la dependencia estatal con el mayor presupuesto.
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Epílogo.
La gobernadora Rocío Nahle no se anduvo por las ramas y dejó en el sur de Veracruz un fuerte compromiso: “Si el IMSS-Bienestar no cuenta con algún medicamento, el gobierno del estado lo adquirirá de inmediato. No podemos esperar, la salud es prioridad”. *** Ojalá dé a conocer algún número telefónico, porque con seguridad serán muchos los veracruzanos que acudan a ella para resolver los graves problemas de desabasto de medicinas.
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