Es comprensible en alguien cuya trayectoria académica ha estado lejana a las humanidades. Era una tendencia muy marcada en su antecesor Cuitláhuac García, también ingeniero.
Este lunes la gobernadora Rocío Nahle salió a charlar con los medios de comunicación y cuando le hicieron referencia a los casos de extorsión que se han presentado en el sur de la entidad, la ingeniera concluyó que la mejor forma de acabar con ese mal es imponer castigos más severos.
“La extorsión es una amenaza grave que atenta contra la libertad de las personas. Es crucial que endurezcamos las penas para este tipo de crímenes y que se castigue con mayor rigor a los responsables”.
¡Genial! ¿Cómo a nadie se le ocurrió esa solución?
En realidad, no es así. El debate entre castigo y readaptación es añejo, pero lo que ha quedado demostrado es que aumentar las penas no tiene como consecuencia la reducción en la incidencia de los delitos.
Catalina Pérez Correa, doctora por la Universidad de Stanford, California, especializada en “justificación y efectos del castigo penal”, advierte que, aunque el aumento de sanciones parece, a primera vista, una respuesta fácil y poco costosa para resolver los problemas de criminalidad, está basada en supuestos que no se cumplen en la práctica, como la existencia de un sistema de impartición de justicia efectivo y eficiente o la presencia de actores racionales e informados que calculan correctamente ganancias, costos y probabilidades al elegir realizar, o abstenerse de realizar, conductas penalizadas.
Vamos, es como si los extorsionadores (por poner el ejemplo en el tema que trató hoy la gobernadora) se enteraran que ahora la penalidad para quienes cometen ese delito es más fuerte y, por lo tanto, decidieran dejar de hacerlo. Eso no sucede.
La especialista advierte, además, que esta respuesta “omite tomar en cuenta los efectos sociales, no aparentes a primera vista, que el castigo genera”.
No hay soluciones mágicas para reducir la incidencia delictiva, pero la ruta que mejores resultados ha dado pasa por algo que ofrecieron estos gobiernos (el federal y el estatal): la aplicación de inteligencia policial. Esto es: aquellas acciones tendientes a identificar y prevenir las amenazas de carácter delictivo que tengan la capacidad de afectar negativamente la seguridad pública interior o el orden público, de manera que permita la elaboración de planes y programas específicos para su represión o prevención.
¿Suena sencillo? No lo es. No es como que vayamos a la tienda de la esquina a comprar “medio kilo de inteligencia policial”. Debemos de hacernos de especialistas en esa materia y darles los elementos necesarios para que arrojen resultados en el mediano plazo.
Así pues, los asesores de la gobernadora deberían ser más cuidadosos al momento de hacerla hablar de temas que no domina. Estoy seguro de que ella no quiere seguir la ruta de su “amigo”, el ingeniero Cuitláhuac.
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Epílogo.
Morena se está complicando las cosas en Altotonga. Teniendo mejores cartas para competir por la alcaldía, el Comité de Elecciones decidió impulsar a Pablo Becerra, que de inmediato se ganó el repudio de la militancia color guinda. *** La mañana de este lunes una comitiva de militantes de Morena de Altotonga viajó a Xalapa para anticipar que promoverán el “voto de castigo” contra su partido, porque identifican al seleccionado como “del grupo de Yunes Linares”. *** Para dar contexto a sus palabras, los militantes de Morena narraron que en el año 2021 Juan Pablo Becerra fue candidato de la Coalición “Veracruz Va”, propuesto por el PAN, a la Presidencia Municipal de Altotonga. *** Antes, en 2018 -dijeron- participó activamente en Jalacingo apoyando por Miguel Ángel Yunes Márquez, en su campaña a la gubernatura, junto con el actual alcalde de ese municipio, Roberto Perdomo. *** “Se trata de una traición a las bases morenistas; no se tomó a nadie en cuenta y lo único que hicieron fue imponer a un panista, lo cual rechazamos. Es importante que se escuchen a las bases para evitar decisiones en contra del partido este primero de junio”, sentenciaron.
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