Suena a mal chiste, pero es muy real: el partido que encabeza todas las encuestas electorales, el que tiene el respaldo y cobijo del “pueblo bueno”, no ha logrado erradicar de su ADN la trampa, la coacción, el uso de los programas sociales de gobierno como moneda de cambio para la obtención de votos.
A pesar de que -en palabras de los usufructuarios de sus triunfos- “la oposición está moralmente aniquilada”, sus dirigencias locales y los gobiernos emanados de sus filas utilizan todos los recursos a su alcance (muchos de ellos ilícitos) para obtener ventaja en el proceso electoral que vive Veracruz.
La dirigencia estatal del PRI (ese partido que “ya casi no existe”, pero que sigue nutriendo las filas del partido en el poder) denunció que Morena ha implementado un esquema de coacción dirigido a padres de familia en su campaña de afiliación para así robustecer su padrón de militantes.
Adolfo Ramírez Arana, dirigente estatal del PRI, afirmó que los mismos padres de familia han denunciado que son presionados para afiliarse al partido guinda, si es que quieren que sus hijos tengan acceso a la beca “Rita Cetina”, un programa que actualmente beneficia a estudiantes de secundaria.
“Es una forma de coacción del voto, manipulación y uso indebido de recursos. Hacemos un llamado a que los padres denuncien ante las autoridades competentes y a que se realice una investigación inmediata, frenar esta práctica ilegal y deslindar responsabilidades”, denunció el dirigente partidista.
Aunado a esa práctica que recuerda al priismo del siglo pasado, el estado de Veracruz está viviendo un clima de terror. Quienes aspiran a un cargo de elección popular, en zonas claramente dominadas por el crimen organizado, sufren amenazas y hasta atentados.
Movimiento Ciudadano (MC) fue la primera organización política que puso sobre la mesa ese problema y ni el gobierno estatal, ni el órgano electoral tomaron medidas para resolverlo.
Los intereses de los grupos delictivos no tienen color, pero ha quedado en evidencia que en muchas zonas están trabajando a las figuras que impulsa el partido guinda.
Anell Acevedo Castellanos, quien aspiraba a ser la candidata de Morena en La Antigua, aseguró que fue víctima de “decisiones erróneas” y de “intereses personales” en el proceso interno del partido en el poder y por eso no fue seleccionada por Morena como su candidata.
Convencida de que contaba con suficiente respaldo popular y podría ganar la elección, Anell Acevedo buscó la candidatura por el Partido del Trabajo (PT). El acuerdo ya se había concretado cuando empezaron a llegae las amenazas contra su persona y contra su familia.
Adolfo Ramírez Arana, dijo que el PRI a nivel nacional demandó protección especial para los candidatos de todos los partidos ante la inseguridad que se vive en Veracruz y la creación de una Comisión Interinstitucional de Seguridad y que se implemente un protocolo para la Protección de candidatos en municipios identificados como de “alto riesgo”.
Inseguridad creciente, uso faccioso de los programas sociales y amenazas directas contra los candidatos, son las características de una elección que promete ser la más sucia en la historia de Veracruz.
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Epílogo.
Fue una omisión grave, que debería tener consecuencias jurídicas para los responsables. *** El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Congreso del Estado expedir una Ley reglamentaria en la que se haga efectivo el derecho de la ciudadanía de votar en materia de revocación de mandato. *** Esta sentencia se emitió a partir del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-18/2025, promovido por Eduardo de la Torre Jaramillo por la omisión del Poder Legislativo de armonizar la revocación de mandato en la Constitución Local. *** la pasada Legislatura incumplió lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, pues no lo hizo en los 180 días que tenía de plazo. *** Cuenta que el más feliz con esta sentencia fue el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista, por aquello de sus evidentes diferencias con su antecesor, Juan Javier Gómez Cazarín.
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