Rocío Nahle no tuvo que dar a conocer la probable (mucha atención en eso: “probable”) causa de la muerte de la maestría Irma Hernández.
El informe forense forma parte de la carpeta de investigación y está obligada, por ley, a mantener en secreto lo que ahí se incluya, al menos hasta que dicho material sea presentado en un juicio.
El Código Penal para Veracruz considera, en el artículo 178, de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cien días de salario, “a quien -sin anuencia del legitimado para concederla y con perjuicio de tercero- revele un secreto o una información reservada que ha conocido o recibido con advertencia de que tiene ese carácter y, por ende, debe quedar para su guarda exclusivamente o para revelarlo o entregarlo a una persona determinada”.
El artículo 179 agrega que si quien comete el delito de “develación de secretos” es servidor público, “se le destituirá e inhabilitará, además, de seis meses a tres años”.
Tenía la gobernadora, pues, el mejor argumento para no revelar ese dato. Pero no siquiera esperó a que alguien le hiciera tal pregunta. De hecho, nadie la iba a hacer. Su poco trato con los medios de comunicación, le impidió ver que a los reporteros no les interesaba un informe científico sobre la causa de la muerte.
Ellos ya tenían la historia: una persona de la tercera edad, maestra jubilada que completaba sus ingresos trabajando como taxista, fue “levantada” por una organización criminal, porque se negó a pagar “la cuota” que le impusieron.
La causa científica de la muerte es lo de menos: murió cuando estaba privada de la libertad, luego de ser torturada y obligada a enviar un mensaje a sus compañeros: “no se hagan los valientes o les pasará lo que a mí”.
Mientras la gobernadora Rocío Nahle llama a los veracruzanos a denunciar los casos de extorsión y asegura que ella no ha hecho pacto con ninguna organización criminal, los maleantes utilizan métodos más efectivos de convencimiento. La gobernadora podrá decir misa, pero hoy los taxistas de Álamo y la región saben que, si ni pagan, correrán la misma suerte que la maestra Irma.
Y no es que se le quiera atribuir toda la responsabilidad a la actual administración. En el norte de Veracruz es bien sabido que el gobierno de Cuitláhuac García (sí, ese “honesto” servidor público) fuerzas criminales como los “Sombras” y sus escisiones operaron con total impunidad, a tal grado que hoy ni la coordinación del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal es suficiente para anularlos.
Si Rocío Nahle quiere mostrarse como una funcionaria capaz de hablar sin rodeos de los temas que más afectan a los veracruzanos, entonces que diga, con todas sus letras, quiénes son los responsables de que esos grupos delictivos sigan operando con total impunidad en Veracruz.
¿Acaso tiene prohibido “tocar” a su antecesor?
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Epílogo.
La petición está hecha con todas las formalidades y está bien sustentada. *** Los integrantes del Comisariado Ejidal, las autoridades civiles, representantes de organizaciones de transporte público y ciudadanos de la comunidad La Estanzuela, del municipio de Emiliano Zapata, enviaron una carta a la gobernadora Rocío Nahle. *** Le explican que, a partir de que la carretera Las Trancas-Estanzuela fue construida en concreto, se ha convertido en un grave peligro para quienes transitan por ella. *** “Esta carretera, sin duda, es de alta utilidad pública, pero también es altamente peligrosa, pues cada vez que llueve se torna resbaladiza, ocurriendo generalmente accidentes de automóviles y camiones”, explican. *** “Acudimos a usted -le dicen en la carta a la gobernadora- para pedirle que la carretera se asfalte, se levante el concreto hidráulico, se revista o se haga lo que sea necesario para dar solución al peligro y riesgo de la carretera”. *** Un caso similar a la vía corta Xalapa-Coatepec y la solución debe ser la misma. *** A propósito de reclamos ciudadanos. Las autoridades sanitarias de los gobiernos estatal y municipal deberían revisar las condiciones en las que operan los servicios sanitarios en la Centra de Abasto de Xalapa. *** Las quejas de los ciudadanos son cada vez más recurrentes y no vaya a ser que cuando quieran intervenir, el asunto ya se haya hecho viral en las redes sociales. ¿Qué necesidad?
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