Sobre la información presentada hoy por la Fiscalía de Veracruz en torno a los recientes crímenes de alto impacto en el estado, no hubo grandes novedades.
Lo expuesto es, en gran medida, lo que ya se sabía: tanto en el caso de la maestra Irma Hernández como en el motín del penal, no se presentó información nueva.
Respecto a los seis cuerpos hallados en la carretera Poza Rica–Papantla, cinco ya fueron identificados y entregados a sus familias; uno sigue sin identificar. Según la fiscal, estos hechos podrían estar vinculados a la guerra entre cárteles de la droga que operan en Veracruz, algo que no es reciente. Las autoridades ya habían informado que se trataba de una disputa interna por el territorio.
La Fiscalía se quedó corta: mostró la enfermedad del flagelo que afecta al Estado, pero no la cura. ¿Cuál será la estrategia a seguir? La fiscal sugirió que se investigan funcionarios públicos por los hechos en el penal de Tuxpan, donde murieron varios internos. ¿A quiénes se investiga y por qué?
Si habrá cambios en el sistema penitenciario, y si la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya tiene conocimiento de la situación, ¿qué se espera para actuar?
La gobernadora Rocío Nahle había anunciado que la Fiscalía daría un informe completo de los hechos. El compromiso de informar se cumplió, pero las expectativas quedaron cortas. El único avance concreto fue que hay cuatro detenidos por el caso de la maestra, y que las investigaciones continúan. Se esperaba un discurso más firme contra la delincuencia y un respaldo más evidente al gobierno de Rocío Nahle por parte de la Fiscalía, para hacer justicia y combatir con determinación a la criminalidad.
Es fundamental que tanto la Fiscalía como la Federación cierren filas para retomar el control de la seguridad, asumiendo con responsabilidad el reto que se enfrenta.
Debido a la naturaleza de los delitos recientes, no se ha aclarado si la Fiscalía General de la República tomará el caso o si la investigación quedará solo en manos de la Fiscalía estatal.
En medio de la polarización política, no debe perderse de vista la necesidad de revisar la estrategia de seguridad actual en el estado. Si es necesario realizar cambios en el gabinete de seguridad, estos deben hacerse. Rocío Nahle debe rodearse de los mejores perfiles para afrontar los retos en esta materia desde el inicio de su administración.
Quienes apuestan a la división, en lugar de sumar voluntades, retrasan el desarrollo. No se avanza con debates estériles; se requiere congruencia y voluntad para que Veracruz salga de la crisis de seguridad.
Es momento de unidad hacia un objetivo común, de impulsar una política incluyente que genere certidumbre.
Si la bancada de Morena en el estado, junto con los senadores y diputados federales de Veracruz, hubieran dado la cara y respaldado de forma total y pública a la gobernadora, el mensaje sería otro: el de la unidad, el compromiso y el apoyo a Rocío.
Sin embargo, no ha sucedido, porque cada quien sigue sus propios intereses y proyectos. El único que se ve recorriendo el estado, atendiendo problemas y refrendando su apoyo a la gobernadora en esta crisis, es Esteban Ramírez Zepeta. Fuera de él, no se percibe quién más esté en esa misma línea. |
