Por otro, el IPE, con un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos, garantiza el pago de pensiones a miles de derechohabientes. Se trata de un organismo cuya misión toca directamente el sustento de quienes entregaron su vida laboral al servicio público. Su estabilidad financiera y administrativa es vital para la paz social.
La historia reciente ofrece una advertencia clara. En 2015, el entonces gobernador Javier Duarte enfrentó una crisis de gobernabilidad precisamente por los adeudos y retrasos con la UV, lo que provocó que estudiantes, académicos y autoridades tomaran las calles. A la par, la crisis del IPE llevó a pensionados a protestar y ser violentamente reprimidos por la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado fue un clima de tensión que golpeó de lleno la imagen y capacidad de gobierno, que a la postre le costó al mismo Duarte de Ochoa su gobierno.
Hoy, las alarmas vuelven a encenderse. La UV atraviesa una crisis interna atribuida a su rector, Martín Aguilar Sánchez, cuya permanencia al frente y el manejo de la Junta de Gobierno, configurada a modo, amenazan con desatar un conflicto de magnitudes no vistas desde la huelga de la UNAM en 1988. El riesgo es real: una universidad paralizada en el corazón de la capital sería un golpe directo a la estabilidad social y política.
Por ello, el Consejo Universitario debe ejercer su papel como máximo órgano de decisión, evitando la concentración de poder y frenando las prácticas que erosionan la autonomía universitaria. Al mismo tiempo, la gobernadora Rocío Nahle García tendría que diseñar ya una ruta de intervención política y negociación que permita preservar la paz social.
La UV y el IPE son mucho más que instituciones públicas: son dos columnas maestras que sostienen el equilibrio de Xalapa. Si una cae, todo el edificio de la gobernabilidad podría tambalearse.
Al tiempo.¿
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