Tuxpan no es ajeno a estas dinámicas. Desde hace décadas se le presenta como la “joya logística del Golfo”: puerto cercano al centro del país, conexión carretera hacia la capital, vocación petrolera y agroindustrial. Sin embargo, la realidad es que el rezago social sigue marcando la vida cotidiana de sus habitantes. Según el Coneval, Veracruz mantiene índices de pobreza superiores al 50%. En Tuxpan, las comunidades indígenas, invisibilizadas en la declaratoria oficial, sobreviven con carencias estructurales en salud, educación y servicios básicos.
El acuerdo publicado asegura que el INPI no detectó afectaciones a comunidades indígenas, y por lo tanto no era necesario realizar consulta previa. La afirmación es jurídicamente impecable, pero políticamente preocupante: se opta por la salida fácil antes que por el diálogo real con la población, que a fin de cuentas será la primera en experimentar los impactos —positivos o negativos— de este proyecto.
Tampoco es menor el asunto ambiental. Aunque la Semarnat determinó que el polígono es viable y no colinda con áreas naturales protegidas, lo cierto es que se ubica en un corredor bioclimático relevante para la conectividad ecológica regional. Se habla de vegetación secundaria y de la necesidad de cambio de uso de suelo, pero la experiencia enseña que los “estudios técnicos justificativos” suelen ser más un trámite que una garantía real de sustentabilidad.
La memoria colectiva recuerda lo ocurrido con otros megaproyectos energéticos y portuarios en el país: devastación ambiental, comunidades desplazadas y beneficios concentrados en unos cuantos inversionistas. Tuxpan no debería repetir esa historia.
El acuerdo establece que las actividades productivas prioritarias serán la logística, la agroindustria, la industria ligera, la textil especializada y, cómo no, la energética. No cabe duda: Tuxpan se perfila como nodo de la nueva estrategia de industrialización mexicana. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué parte de esa riqueza se traducirá en bienestar tangible para la población local? ¿O será, como tantas veces, un polo de beneficios fiscales para grandes corporaciones, mientras los pobladores siguen atrapados en el círculo de la pobreza y la migración?
El reto es monumental. Si este PODECOBI se limita a maquillar estadísticas de inversión extranjera directa, el resultado será un espejismo más. Si en cambio logra articular a los pequeños productores, generar empleos con salarios dignos y respetar el medio ambiente, podría ser una palanca real de transformación.
La declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Tuxpan representa una oportunidad, sí, pero también un enorme riesgo. La historia enseña que los planes sexenales suelen naufragar cuando se topan con la corrupción, la improvisación o el simple desinterés político.
La ciudadanía tiene derecho a dudar, a exigir transparencia, a demandar que las promesas no se queden en boletines oficiales. Porque el verdadero bienestar no se decreta en el Diario Oficial: se construye con empleos estables, con servicios de calidad, con respeto a la dignidad de la gente.
La disyuntiva está planteada: o Tuxpan se convierte en motor de desarrollo regional, o en otro monumento a las promesas incumplidas del poder.
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