Pero fue en el 2024 donde tronó el cohete pues el presunto daño patrimonial entre Dependencias Estatales, OPDs y Fideicomisos, ascendió a la friolera cantidad de 829 millones de pesos, casi el triple del mayor presunto daño patrimonial registrado en todo el sexenio.
Aquí las explicaciones pueden ser varias, aunque casi siempre hay que irse a lo básico para entender lo que parece complejo.
En el 2024, los Cuitlahuistas ya no estaban al amparo del “pinche poder” (Fidel Herrera dixit), ya no tenían a un Contraloría a modo que les pasara todo (¿Pues qué tanto hizo entonces Mercedes Santoyo en su gestión si vio tan poco?), en el ORFIS ya no tenían ningún interés en hacerse de la vista gorda; o de plano, de buenas a primeras, los Cuitlahuistas dijeron “los que hicimos bien durante cinco años, vamos a hacer las cosas mal en este último año”.
Usted, ¿Por cuál de esas razones se inclina? ¿Por alguna en específico o todas ellas?
Lo cierto es que así como salieron las Cuentas Públicas pareciera ser más una cuestión de cubrirse con la misma cobija y aplicar la de “muerto el Rey, viva el Rey”.
Es curioso, muy curioso, como en los Gobiernos en los primeros años por lo regular salen más o menos bien librados, y al final, cuando ya va el cambio de gobierno, comience a salir la mugre.
Tan solo hay que recordar en el sexenio de Duarte, cuando comenzaron a salir los presuntos daños patrimoniales por más de 5 mil millones de pesos ya fue al final, al principio eran un dechado de virtudes.
¿Complicidad de las Contralorías?
¿Complicidad del ORFIS?
¿O simplemente decidieron aplicar el año de Hidalgo?
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