La pregunta no es caprichosa: es un grito que todos escuchamos cuando una moto zigzaguea entre autos, se trepa a la banqueta o pasa rozando a un peatón que solo intenta cruzar con vida. Pero las autoridades, tan prestas para montar operativos fotogénicos, parecen no tener —o no querer tener— una cifra clara. En seguridad vial, donde no hay datos, suele haber desinterés… o comodidad.

Mientras en Veracruz seguimos contando anécdotas en lugar de estadísticas, en el Estado de México se animan a lo que aquí ni siquiera se discute: un nuevo reglamento de tránsito para motocicletas, con reglas específicas, verificables y, sobre todo, obligatorias. Entrará en vigor el 25 de noviembre de 2025. Allá, al menos, se entiende que la movilidad no es una ocurrencia sino una política pública que salva vidas.

Es curioso —por no decir vergonzoso— que un territorio con más habitantes, más tráfico y más accidentes tome medidas claras, mientras en Xalapa se sigue tolerando que cualquiera suba a una moto como quien se trepa a un juego mecánico. Y no exagero. Basta salir a Lázaro Cárdenas o Rébsamen a media tarde para constatar el caos: menores conduciendo, adultos sin casco, motos sin placas, sin luces, sin papeles y sin el más mínimo respeto por la ley. Y aun así, nadie puede responder cuántas circulan legalmente.

El contraste con el reglamento mexiquense es evidente. Allá se exige algo tan básico como que solo personas adultas con licencia vigente puedan conducir. Aquí, en cambio, la moto se ha vuelto el vehículo de facto para quienes no tienen licencia, no quieren sacarla o no pueden pagarla. El Estado ha cedido ese terreno.

El uso de casco certificado —con vigencia no mayor a cinco años— es otro punto que demuestra seriedad. No cualquier casco de plástico comprado en la esquina; uno que realmente proteja. Y lo mismo aplica para el acompañante. Un recordatorio elemental: la cabeza no tiene refacciones.

También se prohíbe transportar a menores que no puedan sostenerse o apoyar los pies. ¿Cuántas veces hemos visto en Xalapa a un niño abrazado al conductor, dormido o tambaleándose entre los topes? La normalización del riesgo se vuelve peligrosa cuando deja de escandalizarnos.

El reglamento mexiquense incluso define cómo rebasar, por dónde y bajo qué condiciones, algo que aquí parece materia de libre interpretación. Y establece límites claros: nada de cargar objetos que comprometan la estabilidad. Nada de invadir ciclovías. Nada de circular con luces apagadas. Nada de andar sin papeles.

Por supuesto, las sanciones llegarán. Primero mínimas, después progresivas: de 16 a 20 UMAS, según la falta. Eso se llama política pública gradual. Aquí, en cambio, las multas se anuncian con bombo y platillo, pero rara vez se aplican.

La reflexión es inevitable: ¿qué esperamos en Xalapa para ordenar el caos motociclista? ¿Un aumento en los atropellamientos? ¿Más muertos en calles mal iluminadas? ¿Otra serie de operativos irrelevantes que solo duran lo que la foto en redes sociales?

La capital necesita un reglamento claro, aplicable y aplicado. Y antes que eso, necesita saber cuántas motocicletas circulan realmente. Porque sin datos, no hay política; sin política, no hay prevención; y sin prevención, lo único seguro es el riesgo.

Si el Estado de México puede empezar a poner orden, Xalapa también. La movilidad no es una apuesta: es una responsabilidad pública. Y ya vamos tarde.