Los cinco casos revelan además otro elemento que muchos prefieren ignorar: la procedencia partidista es irrelevante cuando la estructura delictiva ya está instalada. Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde… la lista confirma que la delincuencia no milita, se infiltra. Utiliza a los partidos como vehículos electorales y a las campañas como inversiones de alto rendimiento. El poder municipal, una vez tomado, se convierte en plataforma de control territorial, recaudación ilegal y protección política.
Este escenario obliga a mirar hacia Veracruz sin eufemismos. Durante las campañas recientes —y aún antes— se documentaron con claridad los visos de infiltración del crimen organizado en municipios del sur del estado. No se trató de rumores ni de guerra sucia, sino de realidades sostenidas por testimonios, denuncias públicas y antecedentes judiciales. Jáltipan y Las Choapas aparecen recurrentemente en ese mapa de riesgo, con alcaldes en funciones sobre los que pesan carpetas de investigación y señalamientos que nadie ha logrado desmentir con argumentos sólidos.
A este panorama se suma un foco de atención que comienza a encender alertas en la región central del estado. En Coatepec, algo extraño —y preocupante— empieza a registrarse. Habitantes del municipio han denunciado un repunte de hechos violentos, particularmente robos a casa habitación cometidos a plena luz del día, sin el menor temor a la autoridad. La seguridad municipal, e incluso la estatal, parece rebasada frente a una realidad que ya no se oculta ni se minimiza: existen videos de videovigilancia captados en las propias viviendas que confirman la comisión de estos delitos, mientras las carpetas de investigación se acumulan sin respuesta efectiva. En medio de este escenario, el silencio del alcalde en funciones, Ignacio “Nacho” Luna, resulta no sólo preocupante, sino políticamente irresponsable. Cuando la inseguridad avanza y la autoridad calla, el mensaje que se envía a la ciudadanía es devastador.
La pregunta, entonces, ya no es si esas investigaciones existen, sino qué ocurrirá cuando las autoridades responsables de la procuración de justicia decidan hacerlas efectivas. La experiencia reciente indica que el impacto político será profundo: desestabilización municipal, intentos de victimización mediática, discursos de persecución política y la reacción airada de los partidos que apostaron por perfiles impresentables con tal de ganar elecciones.
Veracruz no puede —ni debe— ser rehén de personajes que en sus propias comunidades son conocidos por el origen turbio de sus recursos y por sus relaciones inconfesables. Pretender hacer pasar a estos actores como “hermanitas de la caridad” es un insulto a la inteligencia colectiva. En los pueblos no se necesita una sentencia judicial para saber quién es quién; la memoria comunitaria suele ser más precisa que cualquier boletín oficial.
La infiltración de grupos delincuenciales bajo el auspicio de Movimiento Ciudadano, pero también de cualquier otro partido tradicional, resulta inadmisible en estos tiempos. La tolerancia política hacia estos perfiles no es pragmatismo electoral: es complicidad abierta. Y la complicidad, tarde o temprano, se paga.
Si la Operación Enjambre avanza con coherencia y sin selectividad, Veracruz enfrentará un punto de quiebre. Habrá costos políticos, sin duda, pero también una oportunidad histórica: recuperar el municipio como espacio de gobierno y no como sucursal del crimen organizado. La delincuencia debe quedarse en el único lugar que le corresponde en un Estado de derecho: lejos del poder público, detrás de las rejas y fuera de las boletas electorales.
Todo lo demás es simulación. Y de esa, Veracruz ya tuvo suficiente.
Al tiempo.
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