Levantar un inventario actualizado de inmuebles abandonados o en riesgo estructural, con dictámenes técnicos visibles para la ciudadanía. Sin diagnóstico no hay solución, solo simulación.
Clausura preventiva y señalización obligatoria
Todo edificio con riesgo debe ser cerrado, apuntalado y señalizado. No hacerlo convierte a la autoridad en corresponsable de cualquier tragedia.
Responsabilidad legal a propietarios
Aplicar la ley: multas progresivas, recargos fiscales y sanciones administrativas a dueños omisos. La propiedad privada no ampara el abandono que pone en peligro vidas.
Expropiación por causa de utilidad pública (cuando proceda)
Si el propietario no cumple y el riesgo persiste, el Estado tiene la facultad legal de expropiar para proteger el interés colectivo y rescatar el patrimonio.
Programa integral de rescate del Centro Histórico
No parches: un plan multianual con presupuesto etiquetado para restauración, rehabilitación y reconversión de inmuebles con valor histórico y social.
Reutilización social y cultural
Convertir edificios rescatados en vivienda, centros culturales, museos, bibliotecas, escuelas de artes y espacios comunitarios. La ciudad se habita, no se maquilla.
Incentivos fiscales a la rehabilitación responsable
Reducciones de impuestos y facilidades administrativas a quienes restauren con apego a normas técnicas y patrimoniales. Premiar al que cumple.
Transparencia y vigilancia ciudadana
Publicar contratos, costos, avances y responsables. Integrar comités ciudadanos que supervisen obras y denuncien simulaciones.
Coordinación real entre los tres niveles de gobierno
Federación, estado y municipio deben dejar de pasarse la pelota. El abandono es compartido; la solución también debe serlo.
Voluntad política sostenida
Nada de inauguraciones efímeras ni listones. El rescate urbano exige continuidad, no fotos.
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