Hoy, el discurso oficial plantea que esas instituciones se desviaron, se burocratizaron o se “derechizaron”. Puede haber críticas legítimas, nadie lo niega. Pero entre corregir y someter hay una línea muy delgada. Cuando una reforma se anuncia con decálogo y se acompaña de un “plan B”, lo que se transmite no es apertura al diálogo, sino presión política. No es invitación al consenso, es advertencia.
El decálogo, leído con lupa, repite viejas banderas: menos recursos a partidos, menos consejeros, más participación ciudadana, elecciones más baratas. Suena bien. Siempre ha sonado bien. El problema es que la democracia no es barata, y cuando se abarata sin inteligencia, suele cobrarse después con fraude, inequidad o captura institucional. Reducir costos sin fortalecer capacidades técnicas es como quitarle frenos a un automóvil para ahorrar en mantenimiento.
Más delicado aún es el tono. El mensaje presidencial no distingue entre crítica legítima y descalificación sistemática. El árbitro electoral aparece retratado como obstáculo, no como garantía. Y cuando el poder político ve al árbitro como enemigo, la cancha deja de ser pareja. En democracia, quien gobierna debe ser el primer interesado en reglas fuertes, no en reglas dóciles.
El llamado “plan B” merece capítulo aparte. En política, los planes alternos suelen ser señales de fuerza. En democracia, suelen ser síntomas de debilidad institucional. Si el plan A no logra consenso, lo democrático es corregirlo, abrirlo, enriquecerlo. El atajo legislativo o la reinterpretación de las reglas no fortalecen al sistema: lo erosionan. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde reformas “necesarias” terminaron siendo reformas regresivas.
No se trata de oponerse por deporte ni de defender inercias. Se trata de entender que las reglas electorales no pertenecen al gobierno en turno, sino a la ciudadanía. Cambiarlas exige prudencia, diálogo y visión de Estado. Lo contrario convierte a la reforma en instrumento de coyuntura y no en política pública duradera.
La presidenta tiene legitimidad, respaldo popular y mayoría política. Justamente por eso su responsabilidad es mayor. Gobernar con fuerza no significa gobernar sin límites. Reformar no es imponer. Democratizar no es centralizar. Y escuchar no es tolerar aplausos, sino aceptar disenso.
La pregunta de fondo no es si el sistema electoral puede mejorar —claro que puede—, sino para qué y para quién se quiere cambiar. Si la respuesta es para fortalecer la confianza, la pluralidad y la equidad, el camino es el consenso. Si la respuesta es para facilitar el control político del proceso, entonces el problema no es el costo de la democracia, sino el precio del poder.
Porque al final, toda reforma electoral revela menos sobre las instituciones que pretende cambiar y más sobre la vocación democrática de quien la impulsa: cuando el poder escribe las reglas pensando en el “plan B”, suele olvidar que la democracia no admite letras chiquitas, pero sí cobra caro los abusos de la mayoría.
|
