Pedro Miguel Rosaldo García lo ha dicho varias veces y, guste o no, los hechos empiezan a respaldarlo: no llegó al gobierno municipal para administrar inercias ni para dejar intactas las viejas redes de privilegios enquistadas en el ayuntamiento. Llegó —al menos hasta ahora— con la intención de meter orden en una estructura pública que durante demasiado tiempo funcionó como refugio de aviadores, operadores políticos, recomendados y gestores de negocios disfrazados de servidores públicos.
Y claro, eso genera enemigos.
Porque en Veracruz hay políticos que no saben vivir sin subsidio gubernamental. Se acostumbraron tanto al moche, a la nómina inflada y al tráfico de influencias, que cualquier intento de control administrativo les parece persecución política.
Ahí encaja perfectamente el caso del regidor Gustavo Alonso Linares Yépez y sus denuncias interpuestas ante el Tribunal Electoral de Veracruz contra el alcalde porteño.
La primera querella —según el expediente TEV-JDC-7/2026— acusa una supuesta omisión para convocarlo a una sesión extraordinaria. La segunda —expediente TEV-JDC-317/2026— denuncia presuntas obstrucciones relacionadas con la autorización de personal de confianza para su regiduría.
Traducido al castellano político menos hipócrita: el pleito parece girar alrededor del control burocrático y del acceso a posiciones administrativas que históricamente han servido como botín partidista.
Porque esa es la verdadera discusión de fondo.
No estamos viendo una batalla épica por la democracia municipal ni una cruzada moral por los derechos ciudadanos. Lo que observamos es el choque entre una administración que intenta apretar controles financieros y grupos políticos acostumbrados a operar el ayuntamiento como caja registradora electoral.
Y eso explica la virulencia de las campañas en redes sociales.
Cuando el dinero deja de circular hacia ciertos bolsillos, aparece inmediatamente el discurso victimista. Los mismos que durante años guardaron silencio frente al desorden administrativo ahora descubren súbitamente su amor por la institucionalidad. Qué conmovedora vocación republicana… tan coincidente con el cierre de las llaves presupuestales.
Pedro Miguel Rosaldo entendió algo elemental que muchos alcaldes prefieren ignorar: el principal cáncer de los municipios no siempre está afuera, sino dentro del propio aparato gubernamental. Las fugas financieras pequeñas pero permanentes terminan destruyendo la capacidad operativa de cualquier administración. Aviadores, plazas innecesarias, contratos inflados, favores políticos y obras convertidas en negocio privado forman parte de un ecosistema de corrupción cotidiana que consume recursos mientras las calles siguen destruidas y los servicios públicos colapsan.
Y Coatzacoalcos ya estaba demasiado hundido para seguir tolerando ese modelo.
Por supuesto que ningún gobierno merece cheques en blanco. La vigilancia ciudadana debe mantenerse firme y permanente. Pero también hay que decirlo con claridad: una cosa es fiscalizar al poder y otra muy distinta utilizar instituciones y redes sociales como instrumentos de presión para recuperar privilegios perdidos.
En el fondo, lo que duele no es la supuesta “falta de atención” institucional. Lo que verdaderamente irrita a ciertos grupos es que el ayuntamiento dejó de funcionar como agencia de financiamiento político rumbo a futuras campañas.
Se enfrenta además un problema incómodo: mucha estridencia mediática, pero poca estructura real sin recursos públicos alrededor. Y cuando el financiamiento informal se seca, comienzan las fracturas internas, los pleitos por las regidurías y las disputas por cuotas de poder que antes se repartían discretamente.
La política municipal mexicana está llena de personajes que hablan como opositores heroicos mientras extienden discretamente la mano debajo de la mesa esperando el siguiente convenio, la siguiente plaza o el siguiente favor económico.
Y quizá por eso el caso Coatzacoalcos resulta tan revelador: porque exhibe el momento exacto en que varios políticos dejaron de defender principios y comenzaron desesperadamente a reclamar que les devuelvan sus antiguos privilegios.
Porque cuando un grupo político se indigna más por el cierre de las fugas financieras que por el abandono de la ciudad, queda claro que nunca luchó por los ciudadanos: luchaba únicamente por conservar abierta la caja chica del poder.
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