Hoy, el mismo Ramos Alor, conocido operador de Rocío Nahle desde el sexenio pasado, ocupa la titularidad del IMSS Bienestar en Veracruz, que se encuentra en proceso de fusión con los Servicios de Salud estatales. Aquí no hay casualidades: quien permitió la pérdida de medicinas durante la pandemia ahora coordina el sistema que debería garantizar su abasto de forma universal. Y sucede, inevitablemente, otra vez lo mismo. ¿Podía ser acaso de otro modo?
Los antecedentes de corrupción, negligencia y simulación que carga el sector, que ha servido de “caja chica” de los últimos gobiernos y de donde han salido nuevos millonarios a los que nunca se llamó a cuentas, hacen prever que la fusión de todo el sistema público de salud solo multiplique los problemas. De por sí, como resulta evidente, es una catástrofe. Los centros de salud carecen de insumos básicos, los trabajadores denuncian despidos, acoso y represalias laborales, y los pacientes enfrentan una atención deficiente que compromete sus vidas.
Esta negligencia criminal tiene nombres y apellidos. Los responsables de permitir que los medicamentos se echaran a perder deberían ser llamados a responder y ser sancionados severamente, con cárcel incluso, pues la salud pública es responsabilidad directa de los gobiernos que la administran. Pero la continuidad de funcionarios como Ramos Alor en posiciones clave –cuya única explicación es que probablemente reparta “generosamente” el botín- es una señal inequívoca de que la impunidad sigue siendo la norma en el régimen del supuesto “segundo piso de la transformación”.
Cada caja de medicinas caducadas, cada lote perdido, representa a varios pacientes que no recibieron el tratamiento que necesitaban y es una oportunidad negada de salvar una vida, un crimen contra la población más vulnerable que depende del sistema público porque no tiene otra opción.
Hoy más que nunca existe la certeza de que el sistema de salud en Veracruz está colapsando, corroído por la negligencia y la corrupción, y en el que las medicinas se pudren en bodegas, junto con la credibilidad de un gobierno fallido.
Todo mal
Si la CIA mató a un narcotraficante en territorio mexicano sin que el gobierno de Claudia Sheinbaum supiera que lo haría, como señala CNN, es terrible; si lo hizo con el aval oficial, está peor.
Pero si como sugiere la versión del New York Times, la CIA solo proporcionó información y logística, y fue el gobierno mexicano el que ejecutó a “El Payín” accionando un explosivo en su vehículo a las afueras del AIFA, estaríamos ante una ejecución extrajudicial como las de la “Guerra sucia”, lo que significa que el Estado también es un criminal.
Claro, a menos que nos salgan con que “El Payín” se puso la bomba solito, nomás para hacer quedar mal a la “cuatroté”.
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