Este fin de semana, los sabios bebedores de café comentaban que, cuando a Veracruz le va mal en las estadísticas, no faltan los que brincan, se atropellan y hasta hacen fila para darle vuelo a la mala nota. Pero como diría el benemérito del Estado de México, Enrique Peña Nieto: las buenas noticias casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Por eso, entre sorbo y sorbo, en la mesa se coincidió en que también se debe cacarear cuando las cosas marchan bien, o de plano no van tan mal.

Resulta que el INEGI soltó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), esa que le toma el pulso a los ciudadanos de a pie sobre qué tan conformes están con los servicios públicos, los trámites, los pagos y, el tema favorito de la opinión pública: la corrupción.

A nivel nacional, la media mexicana es de 15,642 personas por cada 100 mil habitantes que sufrieron el "moche" o la tarascada de algún servidor público. ¿Y por qué cree usted que esta encuesta no ha tenido tantas portadas ni tanto ruido en tierras veracruzanas? Sencillo: porque Veracruz apareció por debajo de la media nacional y, milagro premundialista, la tasa de víctimas de corrupción no aumentó respecto a la medición anterior.

En el Estado, la cifra quedó en 11,648 personas por cada 100 mil. Con este número, Veracruz se coló en el selecto grupo de los menos raspados, solo por debajo de Baja California Sur, Nayarit, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. En contraste, donde de plano no tienen llenadera es en Hidalgo, que lidera la lista negra con 21,452 víctimas, seguido de Oaxaca con 20,330 y Sinaloa con 19,836.

Eso sí, los comensales sacaban cuentas de que la corrupción sigue siendo un lastre que cuesta un dineral, pues el INEGI estima que el chiste nos sale en promedio en $3,865 pesotes por persona afectada.

Habrá que esperar para soltar cohetes de fiesta cuando alcancemos a Colima, que es el estado más limpio del país con apenas 6,992 víctimas, pero mientras tanto, estar abajo del promedio nacional ya es ganancia. Así que abusados: las buenas noticias casi no se cuentan, pero cuentan mucho.

¿La nueva guerra electoral? Acusar y tumbar candidatos

Todo indica que la próxima disputa política no girará únicamente alrededor de propuestas o programas de gobierno. El debate podría concentrarse en algo mucho más explosivo: acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado, injerencia extranjera y la búsqueda de anular candidaturas o incluso elecciones completas.

Por eso llamó la atención que el diputado Ricardo Monreal impulse una iniciativa para sancionar, e incluso anular, procesos electorales afectados por intervención extranjera.

La lectura política es inevitable ya que, por lo que se ha visto, los partidos empiezan a prepararse para un escenario donde la legitimidad de los candidatos será tan importante como los votos que obtengan.

Y no sólo Morena. Todos los partidos enfrentarán el mismo desafío: demostrar que sus candidatos llegan limpios al escrutinio público, judicial y mediático.

Algo empieza a perfilarse rumbo a 2027 y es que las campañas ya no sólo se ganarán en las urnas, se pelearán en tribunales, expedientes y conferencias de prensa.

Quien llegue vulnerable, podría no llegar siquiera a la boleta. Así que aguas. Rumbo al 2027 el riesgo no será sólo lo que pueda probarse, sino lo que logre instalarse en la conversación pública.

Dirían los clásicos, el lodo y las campañas digitales cuando no manchan, tiznan, y pueden correr más rápido que los tribunales

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