Hasta ahí, todo correcto.
Sin embargo, la verdadera prueba de cualquier gobernante no está en la calidad de sus discursos sino en su capacidad para soportar las consecuencias de aquello que proclama.
La libertad de expresión es muy sencilla de defender cuando los comentarios son favorables, cuando las entrevistas son cómodas o cuando las notas destacan los logros de una administración. El problema aparece cuando llegan las preguntas incómodas, los reportajes que exhiben errores, las denuncias ciudadanas o las investigaciones que contradicen la narrativa oficial. Que bueno que la presidenta municipal de Xalapa está consiente de la importancia de la crítica periodístia.
Y es precisamente ahí donde históricamente muchos gobiernos mexicanos han fracasado.
Veracruz conoce demasiado bien esa historia. Durante décadas, periodistas han enfrentado presiones, amenazas, campañas de desprestigio y, en los casos más graves, violencia criminal. La entidad se convirtió en referencia nacional no por la fortaleza de sus instituciones democráticas, sino por los riesgos que implica ejercer el periodismo.
Por eso resulta pertinente que la presidenta municipal haya reconocido públicamente que ningún gobierno democrático puede aspirar a la legitimidad si pretende controlar el flujo de la información o convertir la comunicación social en un simple aparato propagandístico.
El problema es que la tentación sigue vigente.
Las oficinas de comunicación social en buena parte del país continúan operando bajo una lógica que privilegia la construcción de imagen sobre la rendición de cuentas. Se invierten recursos públicos para difundir éxitos, mientras los problemas estructurales quedan relegados a notas marginales o explicaciones burocráticas.
La alcaldesa sostuvo que la comunicación pública debe partir de la honestidad y no de la simulación. Una afirmación impecable en teoría. Pero la realidad obliga a una pregunta elemental: ¿cuántos gobiernos están realmente dispuestos a informar con la misma intensidad sus fracasos que sus éxitos?
Muy pocos.
En ese contexto, también llamó la atención la referencia a los ataques mediáticos, la desinformación y las campañas de desgaste que —según señaló— ha enfrentado su administración durante estos primeros meses.
Las redes sociales han democratizado la difusión de información, pero también la propagación de rumores, noticias falsas y campañas interesadas. Sin embargo, los gobiernos suelen cometer un error recurrente: confundir toda crítica con una conspiración.
No toda observación incómoda es desinformación. No toda denuncia es un ataque político. No toda investigación periodística responde a intereses oscuros.
La democracia exige tolerancia al escrutinio permanente.
El periodismo no existe para agradar a los gobernantes. Existe para vigilar al poder. Su función no es proteger administraciones, sino informar a la sociedad. Cuando cumple adecuadamente esa tarea, inevitablemente genera incomodidad.
Y esa incomodidad es saludable.
Lo verdaderamente preocupante sería una prensa silenciosa, dócil o subordinada.
Xalapa necesita gobiernos transparentes, pero también medios responsables y críticos. Necesita funcionarios capaces de escuchar cuestionamientos sin victimizarse y periodistas capaces de investigar sin convertirse en operadores políticos. Ambos son indispensables para fortalecer la vida pública.
Porque la libertad de expresión se demuestra cuando el poder acepta ser observado, cuestionado y exhibido sin intentar controlar el espejo que refleja sus errores.
La democracia comienza donde terminan los aplausos oficiales y empieza la obligación de responder, con hechos, a las preguntas que el poder preferiría no escuchar.
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