Al del proceso electoral de 2027 en Veracruz, el escenario político se contamina con las mismas viejas prácticas tramposas, arteras y antidemocráticas de siempre. Las que institucionalizó el PRI, adoptó el PAN y Morena las convirtió en canon.  

El (mal) uso partidista de los programas sociales gubernamentales parece haberse convertido en la estrategia central del régimen morenista, que no solo instrumentaliza la necesidad de la población, sino que además normaliza la violación de la ley como si se tratara de un recurso legítimo para hacer política en el estado. 

La gobernadora Rocío Nahle García ha intentado en algunas declaraciones públicas deslindarse o al menos marcar distancia con la partidización de los apoyos oficiales. Sin embargo, la realidad contradice de inmediato sus palabras. Para muestra, su “favorito”, el alcalde de Coatzacoalcos Pedro Miguel Rosaldo, fue captado como si nada entregando enseres y bienes adquiridos con recursos públicos mientras ostentaba una gorra con el logo de Morena; o de plano, sin pudor y con la confianza de quien se sabe impune, señalando abiertamente que dichos apoyos son gracias a su partido, lo que constituye un delito electoral flagrante, pues de esto hay evidencia gráfica y en video. Aunque en los hechos eso no sirva de nada, pues los órganos electorales se encuentran capturados por el mismo régimen, que se encargó de desaparecer cualquier vestigio de su autonomía. 

Pero Rosaldo no es, ni de lejos, el único. Quizás el caso más descarado sea el de un funcionario de medio pelo de la administración estatal, el subsecretario de Desarrollo Económico, exyunista y exduartista Eduardo Vega Yunes, quien en las últimas semanas se ha dedicado a realizar actos de campaña anticipada en colonias marginadas, en horarios laborales, utilizando recursos públicos para promover su imagen, pues busca desesperadamente ser candidato de Morena a diputado por Xalapa. Actos que, también, configuran desvío de recursos y violaciones flagrantes a la normatividad electoral, tolerados con una más que evidente complacencia desde la cúspide del poder estatal. 

Así, el discurso de la gobernadora se estrella invariablemente contra la práctica cotidiana de sus operadores políticos, de alcaldes pertenecientes a su círculo cercano y hasta de sus propios subordinados, que difícilmente se podrían ir por la libre o sin el beneplácito necesario para embarcarse en aventuras electorales con cargo al erario, desplegando estructuras paralelas de promoción personal. Se condena entonces la forma en el discurso, pero en los hechos se avala el fondo. 

El “Tato” Vega Yunes –quien no niega la cruz de su parroquia ni puede ocultar de quiénes es pariente- es solo un ejemplo de cómo se simula un falso interés en los problemas cotidianos de la ciudadanía para promover una imagen, mientras se viola la ley haciendo campaña anticipada, en un circo de impostura e ilegalidades que no solo no se combaten, sino que se alientan desde las más altas esferas de poder. 

Lo que hoy se observa es apenas el preludio de lo que se avecina. El proceso electoral de 2027 en Veracruz será escenario de una disputa marcada por la ilegalidad y la simulación, aderezados con el imprescindible clientelismo que tan buenos réditos les ha dado a los que aún se atreven a decirse “diferentes” y la manipulación de la necesidad social vía programas gubernamentales, “tetratransformados” en armas de control político. 

Los “mapaches” ya andan sueltos. Y somos los ciudadanos los que llevamos las de perder. 

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