De acuerdo con la abogada Mariana Calderón, integrante del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, no es necesario aprobar la iniciativa de reforma legal, ya que “nada va a detener al Tribunal Electoral de aplicar la causal directamente. Los alcances de lo que se entiende por ‘intervención extranjera’ serán definidos por los magistrados a los que les acaban de permitir poder extender su cargo hasta 17 años (así que todo controlado)”.
Es ese, precisamente, el otro filo de la pinza: el control absoluto del aparato electoral. El Instituto Nacional Electoral ya había sido capturado mediante el nombramiento de consejeros burdamente alineados con el oficialismo, que con sus decisiones recientes solo han confirmado su sumisión.
La operación se completa con la subordinación absoluta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), convertido en un apéndice del Ejecutivo, y cuya mansedumbre fue recompensada con la posibilidad de extender su gestión hasta 2033, más allá del actual sexenio. Obviamente, no es gratis.
No hay que olvidar que la decadencia y entrega del TEPJF comenzó luego de aquella reunión en lo “oscurito” entre la magistrada Mónica Soto y el diputado federal plurinominal de Morena Sergio Gutiérrez Luna, tras de lo cual ella y otros dos magistrados le dieron un golpe y se apoderaron del órgano jurisdiccional, desde donde, entre muchas otras tropelías, le concedieron a Morena la ilegal mayoría calificada en la Cámara de Diputados con la que han logrado destruir a las instituciones de la alternancia democrática del país.
No es difícil de creer que haya sido el mismo Gutiérrez Luna –probablemente uno de los legisladores más grotescos y corruptos de México, y vaya que hay competencia- el que introdujo, de última hora, la reserva que permite la reelección de los magistrados electorales cuyo periodo concluye en 2027, con dedicatoria especial para Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata. Este último, el mismo sinvergüenza que se atrevió a corregirle la plana al eminente jurista Luigi Ferrajoli, tratándolo con vulgar condescendencia porque según el displicente juzgador a modo, el italiano “no entiende” las “virtudes” de la reforma judicial.
El círculo se cierra. Quien controla las reglas, los árbitros y las sanciones, controlará consecuentemente el resultado. La legitimidad ya no proviene de las urnas, sino de la voluntad política de quienes controlan el aparato y así, la democracia se convierte en un patético simulacro.
Estas reformas constituyen la consumación de una regresión antidemocrática que entierra el periodo de transición iniciado en los años 90, desmantelado en nombre de una “transformación” que, lo que en realidad significa, es restauración autoritaria.
Es el último clavo en el ataúd de la democracia.
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