Porque al final, una de las reglas no escritas del periodismo sigue siendo bastante simple: una opinión puede ser dura, incómoda e incluso feroz; los hechos, en cambio, deben poder sostenerse.
Y ahí está quizá la parte más delicada. Cuando ocurre algo así, el ciudadano común rara vez distingue entre quién verificó y quién no verificó, entre quién actuó con rigor y quién no lo hizo. El ciudadano simplemente concluye: “los periodistas mienten”; “todos son iguales”; “las redes sociales son tiraderos de basura, veneno y rencores”.
Y ojo, curiosamente, una aclaración nunca viaja tan rápido como el escándalo.
Las rectificaciones son necesarias y las disculpas también, es lo mínimo (sin contar las repercusiones legales), pero difícilmente logran borrar el daño cuando una historia ya recorrió miles de pantallas, titulares y conversaciones públicas.
El caso más sonado ocurrió alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero no ha sido el único. Ocurre tanto en el mundo de la política, espectáculos, deportes, y otros tantas áreas públicas, pero mañana podría ser cualquier otro personaje público o cualquier ciudadano.
Por eso la discusión de fondo es otra: la libertad de expresión exige también responsabilidad, verificación y rigor profesional. Porque la credibilidad es el principal patrimonio de un periodista y de un medio de comunicación.
Y cuando esa credibilidad se pone en duda, recuperarla suele ser mucho más difícil que perderla.
Los canillazos del día son para quienes olvidan que en periodismo no basta con publicar algo. También hay que poder demostrarlo.
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