El reportaje fue publicado en el portal “Animal Político” y hace referencia a las empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de participar en el esquema para el contrabando de gasolina, conocido como “huachicol fiscal”.
El artículo, firmado por Alexis Ortiz, menciona que tres empresas fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de estar ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de importar combustible a México de forma ilegal. Lo curioso del caso es que las tres empresas señaladas operan desde hace una década con permisos oficiales emitidos por la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), otorgados durante las dos administraciones federales pasadas.
“Las compañías que desde 2016 obtuvieron autorizaciones son: Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, estas compañías integrarían una red que importa combustible de forma ilegal a México a través de las aduanas, donde no reportan el ingreso de gasolina o diésel, sino de otras sustancias para evitar el pago de impuestos”, menciona el reportaje.
El artículo puntualiza que “Jomadi Logistics & Cargo” obtuvo el permiso H/19387/COM/2016 para la comercialización de petrolíferos desde 2016, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. Este documento de autorización de actividades, sin embargo, se mantiene vigente, según un registro de la Secretaría de Energía actualizado al 7 de abril de este año.
En 2017 esa misma empresa recibió un nuevo permiso de un año de vigencia de la Secretaría de Energía para importar hasta mil 500 millones de litros de diésel.
“Jomadi Logistics & Cargo” es una de las compañías que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó para desmantelar la red de contrabando de combustible vinculada a elementos de la Secretaría de Marina.
Según el reportaje de “Animal Político”, Ahavat Logistics Solution es una empresa “que desde 2020, ya en el sexenio del morenista Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la autorización H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos. Este permiso sigue vigente, según el registro oficial de la Secretaría de Energía”.
Y adivinen quién era titular de la Sener en aquel entonces.
¡Adivinó! Rocío Nahle.
“Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero de los Estados Unidos por el valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG”, señaló en un comunicado el pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La OFAC impuso sanciones a las empresas Jomadi y Ahavat por estar vinculadas a Refugio Ruiz Villagomez, quien fue señalado por operar el ingreso de combustibles a México evadiendo el pago de impuestos.
La tercera empresa ligada al CJNG que opera con permisos oficiales en México es “Soma Transporte y Servicios”, que obtuvo al menos dos permisos -en 2023 y 2024- de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El pasado 30 de junio la OFAC dio a conocer nuevas sanciones a empresas ligadas al Cártel Jalisco que roban combustible en México y que también lo importan de forma irregular desde los Estados Unidos.
Texas y Florida son los estados donde el gobierno estadounidense ha identificado una actividad frecuente relacionada con el huachicol, especialmente en Texas, en ciudades fronterizas con México, como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.
Las ganancias del Cártel Jalisco con el huachicol fiscal no sólo sirven para financiar sus actividades delictivas, sino que también destina el crimen organizado esos recursos al apoyo de campañas electorales de “políticos corruptos”, según las agencias de Estados Unidos.
Esa es la razón de que aparezca el nombre de la gobernadora de Veracruz entre los políticos que son investigados en Estados Unidos. Para defenderse de esa investigación, a Rocío Nahle le resulta necesario mantener el fuero que le da el cargo.
¿Ya entienden por qué no se quiere someter al proceso de revocación de mandato?
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Epílogo.
En los hechos, el Poder Judicial en Veracruz demuestra que la reforma no fortaleció la independencia de jueces y magistrados; por el contrario, confirmó su sometimiento al Ejecutivo estatal. *** Esa es la conclusión a la que llegó el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, quien criticó que el primer informe de resultados del Órgano de Administración Judicial se realizara a puerta cerrada, sin convocar a medios, pero con la gobernadora Rocío Nahle (titular del Ejecutivo) entre las invitadas. *** “Lo que vi confirma lo que se escucha en los pasillos: una sumisión. Está bien que haya coordinación, pero lo que ha faltado en los tribunales es independencia judicial”, afirmó. *** Durante la presentación de su informe de resultados, correspondiente al periodo septiembre de 2025 a junio de 2026, la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos sostuvo que la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales permite a jueces y magistrados concentrarse en la resolución de los asuntos. *** Sin embargo, Tomás Mundo apuntó que el formato del informe contradice el discurso de apertura institucional y dijo que la evaluación del sistema judicial debe incluir las condiciones en las que se resuelven los procesos penales. “No hay una independencia que permita a los juzgadores resolver conforme a Derecho. Lo vivimos en las salas de audiencia”. *** Dijo que algunos jueces han reconocido que dentro del sistema se privilegia el número de sentencias condenatorias, lo que -dijo- incide en la valoración de las pruebas y en la motivación de las resoluciones. *** “Se hablaba de que la justicia está caminando y de que hay transparencia. Eso no es cierto. La realidad se vive todos los días en los tribunales”, sentenció. *** La gobernadora de Veracruz dice que a ella “no le quita el sueño” la ley que obliga a los gobernantes a someterse a consultas para una eventual revocación de mandato. *** Rocío Nahle jura que ella es “una demócrata” y que respeta la ley. Tiene “mucho trabajo”, advierte y por eso le pone poca atención a ese tema. *** Apenas la semana pasada la presidente Claudia Sheinbaum anunció que pediría a la Consejería Jurídica que revisara la reforma aprobada por el Congreso de Veracruz para determinar si los cambios afectan la participación ciudadana. *** La reforma reduce de dos meses a un mes el plazo para reunir las firmas equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal, requisito para solicitar el inicio del procedimiento de revocación de mandato del gobernador. *** Rocío Nahle, sin embargo, insiste en que el mandato de los veracruzanos fue que ella gobernara por seis años: “los veracruzanos me dieron su confianza, me dieron el gran honor y el encargo de gobernar este maravilloso estado que tenemos, y al 2030 lo voy a hacer”.
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