Era octubre del 2021. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anticipaba: “Aunque no participe el porcentaje necesario para que la consulta de revocación de mandato sea vinculante, si la mayoría vota a favor de que no continúe en el cargo, dejaré la presidencia”.
Meses después, en mayo del 2022, cuestionado durante una de sus conferencias de prensa sobre la posibilidad que ese mecanismo fuera utilizado con otros servidores públicos, él mismo hizo un llamado a los gobiernos estatales a aplicar la misma medida.
“… yo pienso que en cada estado se puede legislar para que se establezca un mecanismo de revocación de mandato; también puede hacerse una reforma a nivel constitucional nacional (...) Si la gente dice ‘ya no queremos a este servidor público’, para afuera, porque el pueblo pone y el pueblo quita”.
El principal impulsor del mecanismo electoral de revocación de mandato fue el jefe político de quienes hoy gobiernan con los colores de Morena. Suena -pues- incongruente, que sean ellos mismos los que ahora pongan trabas para someterse a ese escrutinio.
Este martes el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al inciso B) de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución de Veracruz en materia de Revocación de Mandato.
Ante lo que calificó como un “atropello” cometido en el Congreso local por Morena y sus aliados, el coordinador estatal del partido naranja, Luis Carbonell de la Hoz anunció que él mismo y su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez encabezarán esta batalla jurídica, pues afirmó que la modificación a la constitución local “introduce restricciones severas que limitan el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía”.
En su comunicado, MC explica que la reforma impulsada por Morena y sus aliados “reduce drásticamente los plazos y endurece los requisitos para solicitar dicho mecanismo”. Entre los cambios señalados destaca la reducción del tiempo para la recolección de firmas, el cual pasó de dos meses a solo uno.
“Asimismo, además de requerirse aproximadamente 600,000 firmas (equivalentes al 10% de la lista nominal estatal), la nueva legislación impone el requisito de que dicho porcentaje se reúna en al menos 107 municipios del estado, alcanzando en cada uno de ellos el 3% de las firmas de su respectiva lista nominal”, detalla MC.
Luis Carbonell de la Hoz, señaló que la modificación tiene un trasfondo político y busca obstaculizar la democracia participativa: “Morena les tiene miedo a los veracruzanos. Es una reforma absurda, inconstitucional, pero -sobre todo- inmoral. Vamos a seguir luchando para que los ciudadanos participen y para que estos mecanismos no sean limitados o robados por una bola de diputados que sólo buscan proteger al gobierno en turno, porque hoy los veracruzanos les están demostrando que le han fallado a Veracruz”.
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano advirtió que en las condiciones actuales de la entidad se justifica la necesidad de mantener herramientas de evaluación ciudadana que sean realmente accesibles.
“Los gobiernos de Morena son pésimos y hoy le tienen miedo a la revocación de mandato o a que se les ratifique en la encomienda. ¿Por qué? Porque hoy Veracruz está a la deriva: hay inseguridad, las carreteras están destrozadas y tenemos problemas muy graves en el empleo y en el acceso de los jóvenes a la matrícula universitaria. Este es un ejercicio sano que Morena se quiere robar a través de unos cuantos diputados que le dan la espalda a la gente”.
Desde la dirigencia nacional de MC ya se trabaja en el diseño de la estrategia jurídica para rebatir la reforma impulsada por la gobernadora Rocío Nahle.
“Junto a nuestro dirigente nacional, preparamos una acción de inconstitucionalidad para dar marcha atrás a estos abusos. Buscamos que los derechos garantizados en la Constitución también se respeten en Veracruz, y que los ciudadanos puedan acudir a un ejercicio que debería ser del pueblo y no de unos cuantos que se lo han querido adueñar”, explicó Carbonell de la Hoz.
Por un rato la gobernadora Rocío Nahle tendrá que dejar su batalla interna, para atender ese tema que -dice- “no le quita el sueño”.
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Epílogo.
No lo dicen los “zopilotes” que le critican todo a la gobernadora, no lo dicen los “traidores” que la critican desde el interior de Morena. Lo dice el responsable de la seguridad del país, Omar García Harfuch. *** “La siguiente lámina muestra el desglose de los homicidios dolosos por entidad federativa, registrados en el primer semestre del 2026. En este periodo, ocho entidades federativas concentraron el 54 por ciento del total de los homicidios dolosos en todo el país: En primer lugar está Guanajuato, que representó el 8.8 por ciento del total de homicidios a nivel nacional; en segundo lugar, Baja California que representa el 8.1 un por ciento del total; en tercer lugar, Chihuahua con un 7.8 por ciento; le sigue Sinaloa, en cuarto lugar; en quinto lugar, el Estado de México; en sexto lugar, Guerrero; en séptimo, Morelos y en octavo lugar, Veracruz”. *** Aunque, claro, se trata del mismo funcionario que prometió, esta misma mañana: “En el Gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal”. *** Seguramente las organizaciones criminales están temblando de miedo: “ya no toquen a los periodistas, que ya se enojó García Harfuch”. Del discurso a los hechos hay mucha distancia.
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