El periodo vacacional representa un respiro necesario para cualquier trabajador, incluidos quienes desempeñan un cargo público. Nadie puede cuestionar el derecho al descanso. Lo que sí debe cuestionarse es la costumbre de algunos políticos de asumir que, con el inicio de las vacaciones, también pueden ponerse en pausa las responsabilidades que la ciudadanía les encomendó.

Esta no pretende ser una descalificación, sino una crítica constructiva. El servicio público no funciona con interruptores que se encienden y apagan según el calendario. Las necesidades de la población no toman vacaciones, los problemas tampoco, y la agenda institucional debe continuar con orden y responsabilidad.

Antes de salir unos días, cualquier funcionario tendría que asegurarse de no dejar actividades pendientes, reuniones sin atender, compromisos incumplidos o gestiones archivadas en un escritorio. La planeación es parte del trabajo. Quien administra bien su agenda puede descansar sin afectar la atención que merece la ciudadanía.

Resulta todavía más difícil justificar el abandono cuando, en muchos casos, los horarios de los representantes populares ya son considerablemente flexibles. A diferencia de otros sectores, donde cumplir una jornada es una obligación ineludible, la actividad política suele ofrecer márgenes amplios para organizar tiempos y prioridades. Precisamente por ello, se espera mayor responsabilidad y no menor compromiso.

La ciudadanía observa. Nota cuando un despacho permanece vacío, cuando las puertas se cierran sin explicación o cuando las solicitudes dejan de responderse porque “están de vacaciones”. Esa percepción termina alimentando el desencanto hacia la política y fortalece la idea de que algunos cargos se ejercen con privilegios antes que con vocación de servicio.

Descansar no está peleado con cumplir. Existen equipos de trabajo, mecanismos de sustitución y herramientas para garantizar que las instituciones sigan funcionando. Lo que no puede normalizarse es que las vacaciones sirvan como pretexto para retrasar decisiones, cancelar actividades o desaparecer de la vida pública durante semanas.

Quienes ocupan un cargo de elección o una responsabilidad administrativa deben recordar que el tiempo de la administración pública no siempre coincide con el tiempo personal. El compromiso adquirido con los ciudadanos permanece vigente los 365 días del año.

Las vacaciones son un derecho. Desatender las obligaciones, no. Esa diferencia, aunque parezca sencilla, marca la distancia entre ejercer un cargo y asumir verdaderamente el servicio público. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.