La decisión fue anunciada después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano que esta semana perdió la vida tras ser baleado por un agente del ICE en Houston, Texas. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal decidió pasar de la vía diplomática a la legal y aseguró que harán “todo lo que esté en nuestras manos” porque no pueden ser omisos frente a casos de mexicanos cuyo único delito, dijo, ha sido trabajar de manera honesta en Estados Unidos.
Los expedientes de los dos veracruzanos reflejan circunstancias distintas, pero ambos dejan preguntas pendientes.
Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, fue detenido el 7 de enero de 2026 en Atlanta, Georgia, por conducir sin licencia. Cuatro días después ingresó al centro de detención Robert A. Deyton, en Lovejoy, y tres días más tarde fue encontrado inconsciente dentro de su celda.
Las autoridades estadounidenses informaron que al momento de su ingreso no presentaba antecedentes médicos ni padecimientos relacionados con la salud mental. Sin embargo, su familia rechazó la hipótesis de un suicidio y solicitó que se esclarezca lo ocurrido, incluyendo si recibió atención médica oportuna antes de fallecer.
El caso de Alberto Gutiérrez Reyes también ha sido cuestionado por sus familiares. El veracruzano, de 48 años, fue detenido el 9 de enero en Los Ángeles por no contar con autorización migratoria y trasladado al Centro de Procesamiento de Adelanto, en California.
Los registros del propio ICE indican que desde su ingreso presentaba presión arterial y niveles de glucosa elevados. Durante casi dos meses de detención reportó fiebre, mareos, dolor de cabeza, dolor de garganta y molestias corporales. El 25 de febrero fue trasladado de emergencia a un hospital tras presentar dolor en el pecho y síntomas neurológicos. Falleció dos días después a consecuencia de un paro cardíaco.
Su esposa, Patricia Martínez, denunció que la familia no fue informada de manera oportuna sobre su estado de salud y que no tuvo la oportunidad de despedirse de él.
Estos casos trascienden las cifras. Detrás de cada expediente existe una familia que exige conocer qué ocurrió durante el tiempo en que sus seres queridos estuvieron bajo la responsabilidad de autoridades migratorias. La obligación de investigar no parte únicamente de una demanda política, sino del principio de que toda persona privada de la libertad debe recibir atención médica adecuada, condiciones dignas y protección a su vida.
Las acciones legales anunciadas por México representan un cambio en la forma de abordar estos hechos y trasladan el debate al terreno de las responsabilidades institucionales. Corresponderá ahora a las autoridades estadounidenses determinar si existieron omisiones, negligencias o violaciones a los derechos humanos que expliquen las muertes de Heber Sánchez Domínguez, Alberto Gutiérrez Reyes y los otros mexicanos incluidos en esta relación.
Más allá del resultado de los procesos, el caso evidencia que la política migratoria no sólo se mide por el control fronterizo o el número de detenciones. También se evalúa por la capacidad de los Estados para proteger la vida y la dignidad de quienes permanecen bajo su custodia, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Esa será la prueba que enfrentarán las investigaciones anunciadas en ambos países. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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