Sin embargo, el componente que más discusión generó fue el relacionado con el nepotismo electoral. La reforma establece restricciones para competir por determinados cargos cuando existan relaciones familiares, de matrimonio, concubinato o unión de hecho con quienes ocupen actualmente posiciones de poder durante los tres años previos a la elección.
El alcance de la medida es amplio. Considera parentesco en línea recta sin límite de grado, parentesco colateral hasta cuarto grado y afinidad hasta segundo grado. Además, no distingue militancias partidistas, lo que significa que la restricción podría operar incluso cuando familiares participen desde fuerzas políticas distintas.
Ese punto concentró parte de las críticas de la oposición. El diputado independiente Héctor Yunes Landa sostuvo que el dictamen deja vacíos sobre su aplicación y cuestionó que una relación familiar pueda convertirse en un impedimento automático para competir. Como ejemplo, expuso que bajo estas reglas, él y el diputado panista Fernando Yunes Márquez no podrían contender simultáneamente por determinados cargos en 2030, aun perteneciendo a proyectos políticos distintos.
También hubo cuestionamientos sobre el posible impacto en derechos político-electorales. La diputada Montserrat Ortega Ruiz argumentó que el concepto de nepotismo fue ampliado de forma excesiva y que podría terminar afectando trayectorias individuales únicamente por vínculos familiares, particularmente en casos donde mujeres aspirantes enfrenten señalamientos por ser esposas, hijas o familiares de actores políticos.
Del lado de quienes respaldaron la reforma, el argumento central fue que el acceso al poder debe construirse bajo condiciones de competencia más abiertas. Desde esta visión, impedir la permanencia continua y limitar la transferencia política entre familiares busca enviar una señal institucional frente al desgaste que producen los llamados cacicazgos y la percepción ciudadana de que ciertos espacios permanecen reservados para grupos específicos.
La decisión del Congreso no tendrá efectos para la elección de 2027 y permitirá que actuales legisladores aún puedan competir nuevamente. No obstante, el mensaje político ya quedó instalado: el debate dejó de centrarse únicamente en quién puede llegar al cargo y comenzó a enfocarse también en quién debe dejar espacio para que otros puedan competir. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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