No se puede pedir respeto a la ley electoral cuando algunos creen que ésta comienza a aplicarse únicamente el día que arrancan las campañas. La realidad es distinta. Los actos anticipados de promoción existen, están previstos en la legislación y deben ser atendidos por las autoridades, sin importar el partido político del que provengan.

Si un diputado, alcalde, funcionario o cualquier aspirante ya recorre distritos con fines claramente electorales, coloca lonas, difunde su imagen de manera sistemática o aprovecha el cargo para construir una candidatura antes de tiempo, el OPLE tiene la obligación de actuar. No hacerlo significaría permitir una competencia desigual desde mucho antes del inicio formal del proceso electoral.

No se trata de limitar las aspiraciones de nadie. Todos tienen derecho a buscar una candidatura, pero también tienen la responsabilidad de respetar las reglas. Quien realmente quiera competir debería asumirlo con claridad y, llegado el momento, separarse del cargo para dedicarse de lleno a esa tarea, en lugar de utilizar recursos, agenda pública o la exposición que otorga una función de representación.

También conviene recordar algo que muchos parecen olvidar: adelantarse no garantiza absolutamente nada. Los partidos políticos cuentan con mecanismos internos para definir candidaturas y ninguna lona, recorrido o acto disfrazado de gestión asegura una nominación. Al contrario, esa estrategia puede terminar generando procedimientos legales y un desgaste político innecesario.

Veracruz ya vive un ambiente preelectoral cuando todavía falta tiempo para que inicie el proceso de 2027. Esa prisa por aparecer en espectaculares, bardas o reuniones con evidente intención proselitista envía un mensaje equivocado a la ciudadanía. Mientras muchos esperan resultados en materia de seguridad, salud, infraestructura o desarrollo económico, algunos actores parecen más preocupados por posicionar su nombre.

La ley debe aplicarse sin distingos. No importa si quien incurre en actos anticipados pertenece a Morena, al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano o a cualquier otra fuerza política. La autoridad electoral perdería credibilidad si decide actuar sólo contra unos y guardar silencio frente a otros.

Las elecciones deben ganarse convenciendo a los ciudadanos durante los tiempos establecidos por la ley, no adelantando campañas ni aprovechando ventajas derivadas del cargo público. Si queremos fortalecer la democracia, el primer paso es hacer valer las reglas para todos por igual. Sólo así habrá condiciones de verdadera equidad y los ciudadanos podrán confiar en que la contienda comienza cuando la ley lo establece, no cuando algún aspirante decide que ya es tiempo de hacer campaña. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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