La Fiscalía no está planteando una investigación limitada a quienes pudieron haber participado directamente en los hechos. La propia fiscal ha señalado que no habrá distinción entre altos mandos y mandos medios cuando existan elementos que permitan establecer alguna responsabilidad.
Es una señal positiva para las familias que durante años han esperado respuestas.
En julio de 2026, la FGE informó la detención de 11 personas por su probable participación en desapariciones forzadas ocurridas durante el Blindaje Coatzacoalcos, implementado en 2015. Los detenidos son investigados por hechos relacionados con cuatro víctimas ocurridos el 25 de septiembre de aquel año.
Pero el trabajo no termina ahí.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia documentó previamente otros casos y señaló la necesidad de revisar la cadena de mando, las órdenes emitidas, la supervisión de los elementos y las posibles omisiones de quienes tenían responsabilidades superiores.
De acuerdo con ese análisis, al menos cinco personas desaparecieron los días 11 y 12 de mayo de 2015. Además, fueron retomados reportes periodísticos sobre alrededor de 30 desapariciones ocurridas el 25 de septiembre. El universo señalado alcanza así al menos 35 casos.
Por eso resulta relevante que la Fiscalía esté retomando las investigaciones.
El caso también obliga a revisar la estructura de seguridad que operaba en Veracruz durante aquellos años. Entre los funcionarios identificados dentro de la cadena de mando aparece Arturo Bermúdez Zurita, quien era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Javier Duarte.
El informe señala que Bermúdez Zurita designó al entonces subsecretario de Operaciones, Federico Rivas Valdés, como responsable de coordinar el programa Blindaje Coatzacoalcos. También aparecen otros funcionarios que ocupaban cargos dentro de la estructura estatal y regional de seguridad.
Algunos de ellos ya enfrentaron procesos por distintos hechos relacionados con desaparición forzada, aunque no necesariamente por los casos específicos que ahora vuelven a ser investigados.
La diferencia esta vez está en que la Fiscalía está reabriendo expedientes y siguiendo líneas de investigación que permanecieron pendientes.
Y eso debe reconocerse.
Durante años, las familias de personas desaparecidas han tenido que vivir con expedientes incompletos, incertidumbre y preguntas sin respuesta. Que una institución ministerial retome esos casos y busque integrar nuevos datos de prueba representa un paso necesario para esclarecer lo ocurrido.
También es importante que la Fiscalía mantenga la prudencia jurídica. Investigar no significa condenar anticipadamente. Será necesario acreditar cada responsabilidad con pruebas y respetar el debido proceso.
Pero investigar a fondo tampoco significa detenerse ante los nombres, cargos o jerarquías.
La actuación de la FGE en este caso apunta precisamente en esa dirección: revisar los hechos, ampliar las carpetas y determinar hasta dónde llega la responsabilidad de cada persona involucrada, si los elementos de prueba así lo acreditan.
Blindaje Coatzacoalcos ocurrió hace más de una década. El tiempo transcurrido no elimina la obligación de investigar.
Que hoy la Fiscalía esté retomando estos expedientes es, sin duda, una señal positiva.
Ahora toca esperar resultados, porque las familias no solamente necesitan que las carpetas se reactiven. Necesitan saber qué ocurrió con sus seres queridos y quiénes deberán responder ante la justicia. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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