Sin embargo, una lista extensa no necesariamente significa una competencia abierta. Entre los perfiles con antecedentes directamente relacionados con fiscalización destacan Sándor Díaz Dávila, quien trabajó en áreas de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación y anteriormente en el SAT; María de Jesús Mantilla Solana, contadora certificada, maestra y doctora en Auditoría; Zenón Hernández Pazos, con experiencia en la ASF; y Aurelio Rivera Galindo, actual secretario de Fiscalización del Congreso local. También cuentan con conocimiento interno José Luis Fernández Ojeda y Juan Carlos Villegas Hernández, ambos funcionarios del propio ORFIS. Los antecedentes públicos de los 28 participantes pueden consultarse aquí.
El nombre políticamente más pesado es, indiscutiblemente, Eric Domínguez Vázquez. No solamente fue diputado local, presidente de la Comisión de Vigilancia y alcalde de Papantla: actualmente es subsecretario de Administración y Finanzas de Sefiplan. Su vínculo con la administración de Rocío Nahle García no es una especulación, sino una relación jerárquica directa.
Domínguez niega tener “padrino político” y sostiene que las observaciones formuladas a su administración municipal fueron solventadas. La propia Delia González afirmó que el asunto quedó aclarado, pese a que públicamente se difundieron señalamientos sobre observaciones federales por más de 88 millones de pesos. El aspirante asegura que no enfrenta denuncias ni impedimentos legales. Aun así, su eventual designación cargaría con un inevitable cuestionamiento: pasar de manejar recursos dentro del Ejecutivo a fiscalizar al mismo gobierno al que pertenece.
Si la Comisión de Vigilancia buscara construir una terna técnicamente defendible, los nombres de Sándor Díaz Dávila, María de Jesús Mantilla Solana y Aurelio Rivera Galindo reúnen experiencia especializada. Si prevalece el peso político, Eric Domínguez podría desplazar a alguno de ellos. La gobernadora ha dicho que no existe “línea” y que la decisión corresponde exclusivamente al Congreso; precisamente por eso los diputados deberán demostrarlo con evaluaciones públicas, motivadas y comparables. El nombramiento requiere mayoría calificada del Pleno.
La responsabilidad inmediata recae en la Comisión Permanente de Vigilancia que preside Miguel Guillermo Pintos Guillén. No puede convertirse en ventanilla para legalizar una decisión tomada de antemano. Su obligación es revisar experiencia, independencia, conflictos de interés y resultados.
Veracruz tampoco necesita otro ORFIS dedicado a producir voluminosos informes que terminan archivados. El organismo no dicta sentencias de cárcel, pero sí debe integrar expedientes sólidos, promover responsabilidades y presentar denuncias penales oportunas para que fiscalías y jueces actúen contra quienes desfalquen el erario. La verdadera autonomía no se proclama: se demuestra cuando el auditor se atreve a investigar incluso a quienes impulsaron su nombramiento.
Al tiempo.
[email protected]
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de www.politicaaldia.com |
